La Opinión.
Una coalición que abarca a más de 250 líderes hispanos, desde miembros progresistas del Congreso hasta conservadores del movimiento MAGA, lanzó una iniciativa nacional de protección migratoria, mientras que nuevos sondeos bipartidistas revelan cambios significativos en la postura de los latinos sobre la inmigración en estados clave.
Unidos en torno al llamado ‘Comité de 100’, que incluye a funcionarios electos, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos civiles y líderes comunitarios, anunciaron una campaña nacional en la que instan al presidente Donald Trump y a los líderes del Congreso a otorgar permisos de trabajo y protecciones legales a los inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo residiendo en Estados Unidos.
“Podemos ser partidarios de MAGA, progresistas o situarnos en algún punto intermedio”, señalan los líderes del movimiento en la nueva carta dirigida al presidente Trump y a los líderes del Congreso. “Estamos unidos en la exigencia de que tanto republicanos como demócratas en Washington ofrezcan soluciones a largo plazo que permitan a los inmigrantes indocumentados —muchos de los cuales llevan décadas trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a nuestras comunidades, familias y lugares de trabajo— vivir y trabajar legalmente y sin temor”.
La lista de firmantes de la carta es encabezaba por Massey Villarreal (CEO de Precision Task Group), Janet Munguía (Presidente UnidoUS), Reverendo Samuel Rodríguez (Presidente NHCLC), Ramiro Cavazos (Presidente Cámara Hispana de Comercio), Román Palomares (Presidente LULAC), Ana Valdez (CEO Latino Donor Collaborative), Gary Acosta (CEO NAHREP), Sergio Barajas (Director NHCA), Raúl Raymundo (CEO The Resurrection Project) y Sam Sánchez (CEO Third Coast Hospitality).
Ventaja demócrata.
La carta se publicó junto con nuevos sondeos bipartidistas encargados por la American Business Immigration Coalition Network (ABIC Action), un grupo de líderes empresariales y directores ejecutivos que abogan por soluciones migratorias basadas en el sentido común para ayudar a fortalecer la economía de los Estados Unidos y a las familias estadounidenses, y por American Families United (AFU).
Los resultados de las encuestas revelan un cambio significativo en la actitud de los votantes latinos en estados clave y ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo la inmigración influye en el voto latino de cara a las elecciones de 2026.
El doctor Matt A. Barreto, Profesor de Ciencia Política y de Estudios Chicanos y Centroamericanos en la UCLA informó que, tras una encuesta de 1,300 votantes en estados clave de la elección del 3 de noviembre, los votantes latinos favorecieron a los candidatos demócratas para el Congreso con significativas ventajas porcentuales: Arizona (59% contra 25%), Georgia (63% – 25%), Carolina del Norte (52% – 26%), Ohio (55% – 32%), Pennsylvania (60% – 26%) y Texas (58% – 27%), mientras que en Florida la pelea es pareja (43% – 44%).
En la encuesta efectuada del 4 al 16 de septiembre se utilizó una metodología mixta: llamadas telefónicas con operadores en vivo, invitaciones por mensaje de texto y paneles en línea para garantizar una muestra representativa.
“En cuanto a las propuestas políticas, los latinos de todos los estados y de prácticamente todos los grupos demográficos se oponen a la política de deportación masiva e indiscriminada que presenciamos hoy en día”, declaró Barreto sobre el 75% de votantes latinos que votarian por un candidato que respalde a inmigrantes de larga residencia en el país. “En su lugar, quieren que el Congreso y nuestros funcionarios electos se centren en facilitar permisos de trabajo y un estatus legal para estas personas indocumentadas que llevan mucho tiempo en el país”.
Ley de la Promesa y del Sueño Americano.
Tras considerar el movimiento como “histórico” y más allá de las diferencias políticas, la congresista demócrata de Texas, Sylvia García (D/TX/29), dijo que todos los líderes se han unido para afirmar que ha llegado el momento de ofrecer soluciones reales a los inmigrantes que trabajan, pagan impuestos, crían a sus familias y contribuyen a este país.
“Esto sucede en un momento crítico. La aplicación de las leyes de inmigración está, probablemente, fuera de control”, señaló. “Nadie lo sabe mejor que muchos de nosotros aquí en Houston —en mi distrito—, que hemos vivido de cerca la muerte del señor Salgado (Lorenzo Salgado Araujo) a manos del ICE”.
“¡Ya basta!”, enfatizó. “Las familias viven ahora con miedo. Trabajadores y vecinos arraigados temen ser detenidos y separados de sus familias en cualquier momento, y se preguntan: ‘¿Quién será el siguiente? ¿Dónde está el ICE hoy?’. Eso no es una solución para nuestro sistema migratorio fallido”.
García mencionó la desconexión que prevalece en las encuestas: una que indica que el 85% de los estadounidenses aprueban la Ley de Promesa de Libertad Estadounidense (American Freedom Promise Act) y el 60% desaprueba que Trump haya puesto fin al TPS.
A su juicio, la solución real es su proyecto de ley, la American Dream and Promise Act (Ley de la Promesa y del Sueño Americano), que ofrecería una vía para que los “Dreamers” elegibles accedan a la ciudadanía y otorgaría protecciones permanentes a los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal) que cumplan los requisitos: “Se trata de proteger a los ‘Dreamers’ y a los beneficiarios del TPS. Es el proyecto de ley H.R. 1589”.
García ha presentado ya una petición de descarga legislativa para forzar una votación sobre la medida y actualmente cuenta con 217 firmas. Entre ellas, las de tres republicanos.
Ley de Familias Estadounidenses Unidas.
Testigo en El Paso, Texas, de la situación crítica en la frontera entre Estados Unidos y México, la congresista Verónica Escobar (D/TX/16) ha sido defensora de una reforma migratoria.
De hecho, la congresista formó parte del grupo de trabajo del entonces candidato Joe Biden, encargado de elaborar lo que se convertiría en la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos (U.S. Citizenship Act). Dicha propuesta llegó al Congreso cuando los demócratas controlaban la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, pero no lograron sacarla adelante.
“Tras la enorme decepción que sentí por la falta de acción sobre la reforma migratoria durante ese periodo de control total, decidí trabajar en un acuerdo bipartidista”, expresó Escobar.
Junto con su colega republicana de Florida, María Elvira Salazar, colaboraron durante siete meses para redactar conjuntamente la Ley de Dignidad de 2023 (Dignity Act), y la presentaron el año pasado como la Ley de Dignidad de 2025.
