La Opinión.
De acuerdo con una investigación llevada a cabo de manera interna por el Departamento de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, ex secretaria del Trabajo nominada por el presidente Donald Trump, bebía alcohol en su oficina y malversaba fondos púbicos.
Una investigación interna apuntó, entre otras cosas, hacia un presunto romance extramarital con un miembro de su equipo de seguridad” y señalamientos de “comportamiento inapropiado, como consumir alcohol durante el trabajo”.
De manera diplomática, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, indicó que Chavez-DeRemer dejaba la Administración para asumir un puesto en el sector privado.
“Ha hecho un trabajo fenomenal protegiendo a los trabajadores estadounidenses, implementando prácticas laborales justas y ayudando a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.
A casi cinco meses de estar alejada de la política, un informe divulgado por la cadena de televisión CNN y el periodico The Washington Post, revela que a los señalamientos ligados a su renuncia se suman haberle ordenado de manera recurrente a miembros de su personal realizar tareas personales en su nombre, aceptar regalos costosos sin notificarlos debida y emplear dinero público para regalarse viajes personales, los cuales eran presentados como parte de su agenda oficial.
A partir de estos incidentes, la investigación del Departamento de Trabajo determinó que la exfuncionaria en cuestión impuso un ambiente de trabajo “tóxico, intimidante y humillante” en la dependencia a su cargo.
Por descabellado que suene, en el informe relacionado con los abusos de poder atribuidos a Lori Chavez-DeRemer se describe que a uno de sus subalternos le llegó a ordenar conducir un vehículo oficial para desplazarse hasta su domicilio donde debía “tender la ropa, limpiar y organizar sus vestidos, zapatos y bolsos”.
A todo lo expuesto debe agregarse que Shawn DeRemer, esposo de la única hispana en el gabinete de Trump, enfrentó acusaciones de al menos dos empleadas federales señalando haber sido tocadas de manera inapropiada mientras laboraban en el edificio del departamento en Constitution Avenue en Washington, acto por el cual se le negó el acceso a la sede de la agencia.
