La Opinión.
Una jueza federal de Manhattan puso freno a una de las medidas más amplias de la administración de Donald Trump contra la inmigración irregular. La jueza Jeannette Vargas anuló la noche del viernes la política del Departamento de Estado que suspendía el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.
La decisión concluyó que el secretario de Estado Marco Rubio se excedió en la autoridad que le concede la ley federal. La medida había comenzado a aplicarse en enero y ordenaba a funcionarios consulares rechazar las solicitudes de ciudadanos de los países incluidos, salvo que existiera otro motivo de inadmisibilidad.
Vargas calificó la política de “manifiestamente ilegal” y sostuvo que impedir de manera general la emisión de visas únicamente por la nacionalidad del solicitante chocaba con el marco establecido por el Congreso.
¿Qué países estaban afectados?
La suspensión alcanzaba a naciones de distintas regiones, entre ellas Brasil, Colombia y Uruguay en América Latina; Albania y Bosnia en los Balcanes; además de Pakistán y Bangladesh en el sur de Asia. También estaban incluidos países de África, Medio Oriente y el Caribe.
El Departamento de Estado había defendido la decisión bajo el argumento de que los solicitantes de esas nacionalidades presentaban un riesgo elevado de convertirse en una “carga pública”, es decir, de depender de recursos gubernamentales una vez que ingresaran a Estados Unidos.
Sin embargo, la resolución judicial señala que la legislación migratoria contempla una evaluación individual. Entre los elementos que deben considerar los funcionarios consulares están las finanzas, edad, salud, situación familiar, activos, recursos, educación y habilidades del solicitante.
La demanda que llevó el caso ante la jueza
El litigio fue presentado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, además de solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a familiares.
La controversia representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de Trump, que ha buscado endurecer tanto la inmigración legal como los mecanismos de control fronterizo.
Reuters señaló que el Departamento de Estado no había respondido de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo. La decisión, por ahora, elimina la suspensión general basada en la nacionalidad y devuelve el foco a la evaluación individual de quienes solicitan una visa de inmigrante.
En redes sociales, la pregunta que más se hacen los solicitantes es: ¿Cómo y cuándo se reactivará plenamente el procesamiento de sus trámites, especialmente para quienes quedaron detenidos durante los meses que estuvo vigente la política?.
