La Opinión.
Una orden emitida este martes por un tribunal federal de Maryland impide que los agentes de ICE realicen operativos de control migratorio dentro de los lugares de culto de las organizaciones que demandaron a la administración Trump.
La decisión, informó Democracy Forward, reafirma una promesa fundamental de la libertad religiosa: toda persona debe poder reunirse, practicar su culto, orar y servir a su comunidad sin temor a que las autoridades migratorias perturben ilegalmente los espacios sagrados.
“Atacar a personas en lugares de culto viola la libertad religiosa y perjudica a las comunidades”, afirmó Bradley Girard, abogado de la organización antes citada, a través de una declaración.
Iglesias mantienen protección judicial.
El conflicto comenzó en enero de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó las restricciones que durante años habían limitado las acciones de inmigración en lugares considerados sensibles, como iglesias, templos y otros espacios religiosos.
Con el cambio, los agentes de ICE obtuvieron mayor margen para decidir cuándo intervenir en estos espacios. Las organizaciones religiosas demandantes sostienen que esa política afecta su actividad religiosa y puede provocar que integrantes de sus comunidades dejen de acudir a los servicios por miedo a ser detenidos.
El 24 de febrero de 2025, el Tribunal de Distrito de Maryland emitió una orden judicial preliminar que bloqueó la aplicación de esa política en los lugares de culto de los demandantes y prohibió a las autoridades realizar acciones de control migratorio dentro de esos espacios. Democracy Forward, que representa a las organizaciones religiosas, mantiene que la protección continúa vigente.
La disputa llegó al Cuarto Circuito.
El gobierno federal apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, en el caso Philadelphia Yearly Meeting of the Religious Society of Friends et al. v. Department of Homeland Security, identificado con el expediente 25-1512. El expediente de la corte registra que la apelación fue presentada en mayo de 2025.
El Cuarto Circuito escuchó los argumentos del caso el 6 de mayo de 2026. Hasta este 18 de agosto no aparece en el expediente público una sentencia definitiva que resuelva la apelación, por lo que la protección judicial continúa mientras el litigio sigue su curso.
En paralelo, el litigio en Maryland avanzó. Democracy Forward señala que en febrero de 2026 el tribunal rechazó parcialmente la solicitud del gobierno para desestimar el caso, permitiendo que varias de las reclamaciones continuaran.
La organización Democracy Forward, que representa a los grupos religiosos, sostiene que permitir operativos migratorios en estos espacios puede afectar tanto la libertad religiosa como la asistencia de las comunidades a los servicios.
Entre los demandantes se encuentran seis organizaciones cuáqueras, la Cooperative Baptist Fellowship y el Sikh Temple Sacramento. El caso ha recibido además escritos de organizaciones que apoyan a los demandantes y de grupos que respaldan al gobierno federal.
