La Opinión.
La política migratoria de la administración de Donald Trump recibió un nuevo golpe en los tribunales luego de que un juez federal de California emitiera una orden que bloquea a nivel nacional los arrestos de inmigrantes dentro de las cortes migratorias y limita las detenciones prolongadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La resolución, emitida por el juez federal P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, representa una de las decisiones más significativas contra las recientes medidas de control migratorio impulsadas por el gobierno republicano y podría afectar miles de procedimientos en todo el país.
En un fallo de 71 páginas, Pitts concluyó que varias de las políticas implementadas por las autoridades migratorias fueron adoptadas de manera arbitraria y sin una justificación suficiente, lo que viola la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.
Fallo cuestiona detenciones en cortes migratorias.
La controversia gira en torno a una política que permitió a agentes del ICE realizar arrestos dentro o en las inmediaciones de los tribunales de inmigración, incluso cuando las personas acudían voluntariamente a cumplir con una audiencia ordenada por un juez.
Durante los últimos meses, imágenes de agentes federales deteniendo a inmigrantes en los pasillos de las cortes provocaron críticas de organizaciones defensoras de derechos civiles, abogados de inmigración y legisladores demócratas, quienes acusaron al gobierno de generar miedo dentro del propio sistema judicial.
Y es que para muchos inmigrantes, asistir a una audiencia implica decidir entre presentarse ante la justicia o arriesgarse a ser arrestados al salir del tribunal.
El juez Pitts sostuvo que las autoridades migratorias no lograron justificar adecuadamente el cambio de criterio respecto a directrices previas que limitaban este tipo de acciones.
“El ICE no está arrestando a personas por infracciones no relacionadas, sino por los mismos asuntos migratorios que están siendo evaluados por los tribunales”, señaló el magistrado en su resolución.
Las detenciones prolongadas quedan sin efecto.
Además de los arrestos en tribunales, la decisión judicial anuló una política que permitía al ICE mantener detenidos a migrantes durante más de 12 horas mientras se resolvían problemas operativos o de espacio en centros de detención.
Según el fallo, algunos inmigrantes llegaron a permanecer bajo custodia durante la noche o incluso varios días en instalaciones migratorias sin que existiera una justificación clara para ello.
Pitts concluyó que estas prácticas podrían vulnerar los derechos constitucionales de los detenidos al someterlos a condiciones de confinamiento que adquieren características punitivas.
La resolución también señala que el gobierno federal no evaluó adecuadamente alternativas menos restrictivas antes de implementar la medida.
La respuesta de la administración Trump.
La administración reaccionó rápidamente al fallo. James Percival, asesor jurídico principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió las políticas migratorias y criticó duramente la decisión judicial.
“Cuando un juez de inmigración ordena la deportación de un extranjero, debería ocurrir lo mismo”, escribió Percival en la red social X. Además, calificó la resolución como un ejemplo de “activismo judicial”.
El fallo se suma a otra decisión emitida recientemente por un juez federal en Nueva York, quien también limitó los arrestos migratorios dentro de tribunales de inmigración en Manhattan.
Estas resoluciones reflejan la creciente batalla legal en torno a las políticas de inmigración, uno de los temas centrales de la agenda de Donald Trump. Mientras la Casa Blanca defiende un endurecimiento de los controles fronterizos y de las deportaciones, los tribunales federales continúan examinando los límites legales de esas medidas.
Para miles de personas que enfrentan procesos migratorios, la decisión representa un alivio temporal y una garantía adicional de que acudir a una audiencia judicial no debería convertirse, automáticamente, en el camino hacia una detención, como ha estado pasando antes del fallo del juez federal P. Casey Pitts.
