La Opinión.
El programa de visas “Tarjeta Dorada”, impulsado por el presidente Donald Trump como una vía de residencia para inversionistas extranjeros, enfrenta retrasos, baja participación y cuestionamientos legales, de acuerdo con documentos judiciales recientes y declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Lanzada en diciembre por el presidente Donald Trump, la iniciativa fue presentada como un esquema de residencia acelerada a cambio de una contribución de un millón de dólares al gobierno estadounidense. El sitio oficial del programa prometía procesos de aprobación en “tiempo récord” y en cuestión de semanas.
Solo 338 solicitudes.
Sin embargo, cifras incluidas en una presentación legal del DHS revelan que el interés ha sido limitado hasta ahora. Solo 338 personas han solicitado la Tarjeta Dorada y únicamente 165 han pagado la tarifa de procesamiento de $15,000 dólares.
En el mismo documento, la autoridad migratoria señaló que los solicitantes no necesariamente recibirán un procesamiento más rápido que quienes aplican a visas tradicionales, lo que contradice las promesas iniciales del programa.
“El DHS declaró que los solicitantes de la Tarjeta Dorada no necesariamente verán sus peticiones resueltas más rápido que las de cualquier otro solicitante”, se detalla en el expediente
Promesas iniciales y objetivos de recaudación.
Cuando fue anunciado, el programa se presentó como una herramienta para atraer a decenas de miles de millonarios y multimillonarios extranjeros a Estados Unidos.
En ese momento, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, estimó que podrían emitirse hasta 80,000 Tarjetas Doradas y que el programa generaría más de $100,000 millones de dólares en ingresos para el país.
Debate legal sobre su implementación.
La Tarjeta Dorada fue creada mediante orden ejecutiva y utiliza categorías de visas existentes como la EB-1 y EB-2, destinadas a personas con habilidades extraordinarias o consideradas de interés nacional. Bajo este esquema, el pago de un millón de dólares califica automáticamente al solicitante bajo esos criterios.
No obstante, una demanda presentada por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios sostiene que el programa podría afectar los cupos limitados de visas anuales y desplazar a otros solicitantes calificados.
El litigio también cuestiona su legalidad, argumentando que la iniciativa podría generar un impacto en el acceso a visas tradicionales. En respuesta, el DHS afirmó que la Tarjeta Dorada no interfiere con los procesos existentes y que cuenta con personal de procesamiento propio.
Acusaciones cruzadas.
Craig Becker, asesor legal del Fondo de Defensa de la Democracia para Litigios Afirmativos, señaló que las posturas del gobierno reflejan contradicciones dentro del programa.
Según Becker, la falta de claridad sobre el proceso genera incertidumbre entre los solicitantes.
“Simplemente no sabemos cuál es la respuesta real porque no hay transparencia”, declaró.
Interés limitado entre inversionistas extranjeros.
Abogados de inmigración han señalado que la combinación de incertidumbre legal y tiempos de procesamiento poco claros ha reducido el interés de inversionistas de alto patrimonio, quienes prefieren esperar resoluciones judiciales o una eventual aprobación legislativa.
Algunos especialistas indican que la falta de un proceso acelerado reduce el atractivo del programa frente a otras opciones de residencia.
Visas de inversión
El debate ocurre en un contexto de creciente movilidad de grandes fortunas a nivel internacional. De acuerdo con estimaciones de Henley & Partners, se proyecta que $165,000 millonarios podrían cambiar de país en 2026, impulsados por factores como inestabilidad geopolítica, carga fiscal y condiciones políticas.
Estados Unidos continúa siendo un destino atractivo para inversionistas, aunque su programa EB-5, el principal esquema vigente, enfrenta listas de espera y retrasos.
EB-5 gana atención ante dudas sobre la Tarjeta Dorada.
El programa EB-5, que otorga residencia a cambio de inversiones de entre $800,000 y $1 millón de dólares que generen empleos, ha visto un aumento en solicitudes ante la incertidumbre del nuevo esquema.
Expertos en inmigración señalan que, mientras la Tarjeta Dorada sigue en disputa legal y con baja participación, el EB-5 mantiene mayor estabilidad operativa.
Perspectivas del sector migratorio.
Consultores en temas migratorios han advertido que la falta de certeza sobre tiempos de procesamiento podría seguir afectando la adopción del programa.
“Sin un procesamiento acelerado, es poco probable que la Tarjeta Dorada resulte atractiva”, señaló el consultor Reaz Jafri.
Mientras tanto, el futuro del programa dependerá de su resolución legal y del nivel de confianza que logre generar entre inversionistas extranjeros.
