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La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno de Estados Unidos pruebas “contundentes” que acrediten la presunta vinculación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, especialistas advierten que condicionar el procedimiento tiene el potencial de obstaculizar un mecanismo internacional obligatorio y escalar hacia una crisis diplomática.
De acuerdo con analistas en derecho penal internacional y seguridad, México, como firmante del Tratado de Extradición con Estados Unidos, está obligado a tramitar las solicitudes conforme a lo previsto en el acuerdo, el cual establece requisitos específicos sobre la documentación y el proceso, pero no exige “pruebas irrefutables” en esta etapa.
El Artículo 10 del tratado señala que la solicitud debe incluir la descripción del delito, los hechos imputados y las disposiciones legales aplicables, mientras que el Artículo 11 permite la detención provisional en casos urgentes, con la obligación posterior de formalizar la petición hasta en 60 días después de la detención.
El abogado Julio Jiménez, integrante del Colegio Nacional de Abogados, advirtió que la postura del Ejecutivo podría responder más a consideraciones políticas que al cumplimiento de obligaciones internacionales. “México no puede poner como condición o como requisito previo el revisar pruebas, no es el momento procesal oportuno”, sostuvo.
Por su parte, el consultor en seguridad David Saucedo alertó que minimizar o desestimar las acusaciones provenientes de Estados Unidos “el gobierno norteamericano va a presionar” desde sanciones comerciales hasta tensiones en la cooperación en materia de seguridad. Consideró poco realista exigir evidencias directas en los términos planteados públicamente, dado que los casos en el sistema estadounidense suelen sustentarse en testimonios y elementos recabados en investigaciones.
El tratado también prevé, en su Artículo 12, que si la documentación resulta insuficiente, el Estado requerido puede solicitar información adicional, lo que refuerza que el proceso cuenta con mecanismos formales para subsanar deficiencias sin necesidad de frenar la solicitud. No obstante, la exigencia de pruebas “contundentes” por parte del gobierno mexicano ha sido interpretada por estos dos especialistas como un endurecimiento político.
El caso cobra mayor relevancia luego de que una jueza federal del Distrito Sur de Nueva York considerara suficientes los elementos presentados por la fiscalía estadounidense para sustentar las acusaciones. En ese contexto, expertos advierten que una eventual negativa de México a proceder conforme al tratado no sólo tendría implicaciones legales, sino también geopolíticas, en un momento de alta sensibilidad en la relación con Estados Unidos.
“SI todo eso fallara el gobierno norteamericano no necesita como tal un juicio de extradición para capturar a Rocha Moya pueden ir por él, lo hicieron en el caso del Mayo Zambada, lo hicieron en el caso de Nicolás Maduro”, advirtió David Saucedo.
