Cuatro colaboradores del Cártel de Sinaloa vinculados a la facción de “Los Chapitos” se declararon culpables ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre el 21 de enero y el 5 de marzo de 2026, previo a la revelación de la acusación formal que este miércoles imputó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueva funcionarios y exfuncionarios mexicanos por conspiración para el tráfico de fentanilo, según consta en el expediente.
Estas declaraciones de culpabilidad fueron presentadas dentro del expediente que la Corte del Distrito Sur de Nueva York construye desde el 4 de abril de 2023 en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y uno de los líderes de “Los Chapitos”, quien permanece prófugo en México.
Las declaraciones de culpabilidad fueron presentadas por operadores de laboratorios y traficantes entre el 4 de febrero y el 5 de marzo de 2026. Y los cuatro cambiaron su declaración de no culpable a culpable dentro de esas fechas.
Se trata de Carlos Omar Félix Gutiérrez, capturado en Colombia; el traficante de armas Juan Pablo Lozano, alias “Camarón”, capturado en 2023; Julio Marín González, encargado de lavar dinero para el cártel a través de tiendas de celulares en Sinaloa y arrestado en Estados Unidos; y Silvano Francisco Mariano, arrestado en Colombia.
Todos fueron imputados originalmente en abril de 2023, en la primera acusación formal contra “Los Chapitos” por el tráfico masivo de fentanilo a Estados Unidos.
La novena acusación del expediente, donde se incluye al gobernador Rocha Moya y al resto de los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, fue presentada bajo sello el 23 de abril, según el registro del expediente.
Ese mismo día, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se encontraba en Sinaloa para atestiguar la colocación de la primera piedra de la planta de metanol.
Ahí, el diplomático estadounidense dio un discurso en contra de la corrupción de funcionarios públicos.
“Ninguna empresa compromete recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, señaló.
“Si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser, la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, añadió.
