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La solicitud del presidente Donald Trump de agregar un requisito de prueba documental de ciudadanía al formulario federal de registro de votantes no se puede aplicar, dictaminó una jueza federal el viernes.
La jueza de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly en Washington, D.C., se puso del lado de los grupos demócratas y de derechos civiles que demandaron a la administración Trump por su orden ejecutiva para reformar las elecciones estadounidenses
Dictaminó que la directiva de prueba de ciudadanía es una violación inconstitucional de la separación de poderes, lo que supone un golpe para la administración y sus aliados, quienes han argumentado que dicho mandato es necesario para restaurar la confianza pública en que solo los estadounidenses votan en las elecciones de Estados Unidos.
“Debido a que nuestra Constitución asigna la responsabilidad de la regulación electoral a los Estados y al Congreso, este Tribunal sostiene que el Presidente carece de la autoridad para dirigir tales cambios”, escribió Kollar-Kotelly en su opinión.
Además, enfatizó que en asuntos relacionados con el establecimiento de requisitos para votar y la regulación de los procedimientos electorales federales, “la Constitución no asigna ningún papel directo al Presidente en ninguno de los dos ámbitos”.
Kollar-Kotelly se hizo eco de los comentarios que hizo cuando concedió una orden judicial preliminar sobre el tema.
El fallo otorga a los demandantes una sentencia sumaria parcial que prohíbe que el requisito de prueba de ciudadanía entre en vigor. Indica que la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, que ha estado considerando agregar el requisito al formulario federal de votante, tiene prohibido permanentemente tomar medidas para hacerlo
En un comunicado, Sophia Lin Lakin, de la ACLU, una de las demandantes en el caso, calificó el fallo como “una clara victoria para nuestra democracia. El intento del presidente Trump de imponer un requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes es una usurpación de poder inconstitucional”.
La Casa Blanca discrepó con el fallo del juez en un comunicado emitido el viernes por la noche.
“El presidente Trump ha ejercido su autoridad legal para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses emitan sus votos en las elecciones estadounidenses”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. “Esto es tan de sentido común que solo el Partido Demócrata presentaría una demanda en contra. Esperamos que un tribunal superior nos dé la razón”.
Si bien es una prioridad para los republicanos, los intentos de implementar los requisitos de prueba documental de ciudadanía para votar han estado plagados de dificultades. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un mandato de ciudadanía la primavera pasada que se ha estancado en el Senado, y varios intentos de aprobar una legislación similar en los estados han resultado igualmente difíciles
Estos requisitos han creado problemas y confusión para los votantes cuando han entrado en vigor a nivel estatal. Presentan obstáculos particulares para las mujeres casadas que han cambiado su nombre, ya que podrían necesitar mostrar actas de nacimiento y actas de matrimonio, así como identificaciones estatales. Estas complicaciones surgieron a principios de este año cuando un requisito de prueba de ciudadanía entró en vigor por primera vez durante las elecciones locales en Nuevo Hampshire
En Kansas, un requisito de prueba de ciudadanía que estuvo vigente durante tres años creó caos antes de ser anulado en un tribunal federal. Unas 30.000 personas que de otro modo serían elegibles no pudieron registrarse para votar.
También se ha demostrado que el voto de los no ciudadanos es raro
La demanda presentada por el Comité Nacional Demócrata (DNC) y varios grupos de derechos civiles continuará su curso para permitir que el juez considere otros desafíos a la orden de Trump. Esto incluye el requisito de que todas las boletas enviadas por correo se reciban, en lugar de solo tener matasellos, del día de las elecciones.
Otras demandas contra la orden ejecutiva electoral de Trump están en curso.
A principios de abril, 19 fiscales generales estatales demócratas solicitaron a un tribunal federal separado que rechazara la orden ejecutiva de Trump. Washington y Oregón, donde prácticamente todas las votaciones se realizan con boletas enviadas por correo, presentaron su propia demanda contra la orden.
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Riccardi informó desde Denver.
