Latin us.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó en su sitio web una acusación en contra de Julio César Montero Pinzón y su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón por su participación en una operación de fraude dirigida a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México.
De acuerdo con la acusación del DOJ, el dinero obtenido por esta operación fraudulenta habría sido lavado y utilizado para financiar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo cual es considerado como entrega de recursos materiales en apoyo a organizaciones terroristas por este mismo departamento.
Las acusaciones abarcan tres cargos: fraude electrónico, lavado de dinero y terrorismo. De recibir una sentencia condenatoria, los acusados podrían ser acreedores a 20 años de prisión por cada cargo.
Entre 2019 y 2024 se han reportado aproximadamente 6 mil víctimas en Estados Unidos, cuyas pérdidas se contabilizan aproximadamente en 350 millones de dólares. El comunicado del DOJ da a entender que la mayor parte de las víctimas fueron adultos mayores, ya que incluye un contacto para denunciar delitos contra personas mayores de 60 años.
El comunicado señala que esta operación, que ha funcionado por más de una década (desde 2012) y ha explotado a miles de víctimas, es un reflejo de la sofisticación del cártel en el desarrollo de mecanismos para financiar sus actividades. El director adjunto de la oficina de Nueva York del FBI afirmó que el objetivo de desmantelar esta operación no sólo tiene que ver con cortar esta fuente de financiamiento, también tiene que ver con defender a las víctimas
El documento detalla que el fraude consiste en localizar propietarios de tiempos compartidos ubicados en México, a quienes se les ofrecía comprarlo o rentarlo. Luego, se solicitaba a la víctima una cuota por adelantado a cambio de realizar la operación, cantidad que se prometía devolver, lo cual no ocurría. En ocasiones, se daba seguimiento a este fraude haciéndose pasar por abogados u oficiales de la ley que ofrecían una solución al robo, solicitando nuevamente una cuota por adelantado.
La complejidad de la operación abarca diversas capas, informó el agente especial Harry T. Chavis de la oficina fiscal estadounidense: se dividía entre quienes rastreaban a las posibles víctimas, quienes manipulaban documentos y sitios web, quienes escondían el dinero obtenido y quienes gestionaban su uso para fines criminales.
