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Mientras el presidente Donald Trump discute con el gobernador de California sobre la aplicación de las leyes migratorias, los republicanos en el Congreso llamaron a otros gobernadores demócratas al Capitolio el jueves para interrogarlos sobre políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Los miembros del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes se sentaron frente a grandes carteles a todo color que mostraban a hombres que, según dijeron, estaban en el país sin permiso legal cuando fueron arrestados por delitos en Illinois, Minnesota y Nueva York, hogar de los gobernadores que testificaron ante el comité.
El presidente del comité, el representante James Comer, comenzó la audiencia presentando a la familia de una joven que murió en un accidente de tránsito en Illinois, sugiriendo que sus políticas de santuario habían facilitado la presencia ilegal del conductor del otro vehículo.
“Las políticas de santuario no protegen a los estadounidenses; protegen a los inmigrantes ilegales criminales”, dijo Comer.
Los legisladores republicanos se enfrentaron repetidamente con los gobernadores demócratas, a menudo relatando descripciones de crímenes violentos presuntamente cometidos por inmigrantes sin permiso en Estados Unidos que no habían sido detenidos previamente por la policía local. La audiencia, que duró todo el día, se convirtió en un intercambio de gritos en varios momentos, con los miembros del comité hablando a la vez y desviándose del tema en sus preguntas.
En un momento dado, la representante demócrata Melanie Stansbury, de Nuevo México, intervino para denunciar la “teatralidad”.
“Bienvenidos a todos al reality show de Oversight”, dijo Stansbury. “Sé que al Sr. Trump le encanta la buena televisión, y hoy no decepciona”.
No existe una definición legal de jurisdicción santuario, pero el término generalmente se refiere a gobiernos con políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Los tribunales han confirmado previamente la legalidad de dichas leyes.
Pero la administración de Trump ha demandado a Colorado, Illinois, Nueva York y varias ciudades, incluidas Chicago y Rochester, Nueva York, afirmando que sus políticas violan la Constitución de Estados Unidos o la ley federal.
Illinois, Minnesota y Nueva York también figuraban entre los 14 estados y cientos de ciudades y condados incluidos recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional como “jurisdicciones santuario que desafían la ley federal de inmigración”. La lista fue posteriormente eliminada del sitio web del departamento tras las críticas de que incluía erróneamente a algunos gobiernos locales que apoyan las políticas de inmigración de Trump.
A medida que Trump intensifica la aplicación de las leyes migratorias, algunos estados demócratas han intensificado su resistencia al fortalecer las leyes estatales que restringen la cooperación con los agentes de inmigración. Tras los enfrentamientos entre multitudes de manifestantes y agentes de inmigración en Los Ángeles, Trump desplegó la Guardia Nacional para proteger los edificios y agentes federales, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lo acusó de declarar “una guerra” contra los cimientos de la democracia estadounidense.
“En este preciso momento, una ciudad estadounidense ha sido militarizada a pesar de las objeciones de su gobernadora”, declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. “Para empezar, solo quiero decir que esto constituye un flagrante abuso de poder”.
Algunos de los intercambios más intensos involucraron a Hochul y republicanos de su estado natal. La representante republicana Elise Stefanik, quien ha sido nombrada como posible candidata a gobernadora de Nueva York en 2026, describió casos en los que, según ella, personas fueron violadas, abusadas sexualmente y quemadas vivas por inmigrantes que habían entrado o permanecido ilegalmente en Estados Unidos.
“Usted no está defendiendo a estas víctimas, está protegiendo a los ilegales”, le dijo Stefanik a Hochul mientras interrumpía los intentos de respuesta de la gobernadora.
Hochul dijo que los crímenes eran “horribles” y “desgarradores” e insistió en que “cooperamos con ICE; cooperamos con las fuerzas del orden” en los casos penales.
El representante republicano Nick Langworthy de Nueva York insinuó posteriormente que las políticas de Hochul fueron en parte responsables de la muerte de Laken Riley, estudiante de la Universidad de Georgia, quien fue asesinado el año pasado por un venezolano que había entrado ilegalmente a Estados Unidos. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el hombre había sido arrestado por la policía de Nueva York en 2023, pero fue liberado antes de que el ICE pudiera solicitar a los funcionarios de Nueva York que lo detuvieran.
Presionada aún más por otros interrogadores republicanos, Hochul expresó su simpatía por la familia de Riley, pero dijo que “esto no tiene nada que ver con nuestra aplicación civil de las leyes”.
Las órdenes gubernamentales prohíben a los funcionarios de Nueva York preguntar o revelar el estatus migratorio de una persona a las autoridades federales, a menos que lo exija la ley.
Hochul afirmó que los agentes del orden público aún pueden cooperar con las autoridades federales de inmigración cuando las personas son condenadas o están siendo investigadas por delitos. Desde que asumió el cargo en 2021, Hochul indicó que el estado ha iniciado la transferencia de más de 1,300 extranjeros encarcelados al ICE al cumplir sus condenas estatales.
“Lo que no hacemos es aplicar las leyes de inmigración civil; esa es la tarea del gobierno federal”, dijo Hochul.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla partidista, y en los últimos meses ha centrado su atención en la política migratoria. La audiencia del jueves sigue a una similar celebrada en marzo, en la que el comité, liderado por los republicanos, interrogó a los alcaldes demócratas de Chicago, Boston, Denver y Nueva York sobre las políticas de santuario.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, el primero en testificar, rechazó la afirmación de que Minnesota sea un estado santuario. No existe una ley estatal que proteja a los inmigrantes que se encuentran sin permiso en Estados Unidos de la deportación, aunque tanto Minneapolis como St. Paul restringen el grado de cooperación de la policía y los empleados municipales con las autoridades migratorias.
“Hacer cumplir la ley de inmigración no es función de los gobiernos locales y estatales”, dijo Walz, quien envió un correo electrónico de recaudación de fondos políticos promocionando su testimonio en el Congreso.
Algunas leyes firmadas por Walz han garantizado beneficios para personas sin importar su estatus migratorio. Pero al menos una de ellas está siendo revocada. La Legislatura de Minnesota, reunida en sesión extraordinaria, aprobó el lunes una ley para derogar una ley de 2023 que permitía a los adultos que se encontraban sin permiso en Estados Unidos recibir cobertura médica bajo un programa estatal para trabajadores de bajos recursos. Walz insistió en mantener la elegibilidad para los niños que no residen legalmente en el país.
Chicago, con una fuerte presencia demócrata, ha sido una ciudad santuario durante décadas. En 2017, el entonces gobernador de Illinois, Bruce Rauner, republicano, firmó una ley que creó protecciones estatales para los inmigrantes. La Ley de Confianza de Illinois prohíbe a la policía registrar, arrestar o detener a personas únicamente por su estatus migratorio. Sin embargo, permite a las autoridades locales retener a personas para las autoridades federales de inmigración si existe una orden judicial válida.
El gobernador J. B. Pritzker, quien sucedió a Rauner en 2019, dijo que los delincuentes violentos “no tienen cabida en nuestras calles, y si son indocumentados, los quiero fuera de Illinois y fuera de nuestro país”.
“Illinois cumple con la ley. Pero, para ser claros, esperamos que el gobierno federal también la cumpla”, añadió Pritzker, quien ha sido uno de los opositores más francos de Trump y se le considera un posible candidato presidencial para 2028. “No participaremos en abusos de poder. No violaremos las órdenes judiciales”.
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Lieb informó desde Jefferson City, Mo. También contribuyeron los escritores de Associated Press Anthony Izaguirre en Albany, Nueva York; Steve Karnowski en Minneapolis; y Sophia Tareen en Chicago.
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