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Doce estados instaron el miércoles a un tribunal federal a anular los amplios impuestos a las importaciones impuestos por el presidente Donald Trump, argumentando que el presidente se excedió en su autoridad, dejó la política comercial estadounidense dependiente de sus caprichos y desató el caos económico.
Están impugnando los aranceles que Trump impuso el mes pasado a la mayoría de los países del mundo en un esfuerzo por revertir los enormes y prolongados déficits comerciales de Estados Unidos. También se centran en los gravámenes que el presidente había impuesto previamente a las importaciones de Canadá, China y México para combatir el flujo ilegal de inmigrantes y los opioides sintéticos a través de la frontera estadounidense.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York escuchó el miércoles los argumentos del caso de los estados. La semana pasada, el tribunal comercial celebró una audiencia sobre una impugnación similar a los aranceles de Trump, presentada por cinco pequeñas empresas.
El tribunal se ocupa específicamente de demandas civiles relacionadas con el comercio internacional. Sus decisiones pueden apelarse ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington y, en última instancia, ante la Corte Suprema, donde se espera que concluyan las impugnaciones legales a los aranceles de Trump.
Al menos siete demandas impugnan los gravámenes, la pieza central de la política comercial de Trump.
Al declarar que los déficits comerciales de Estados Unidos constituyen una emergencia nacional, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEPPA) de 1977 e impuso aranceles del 10 % a muchos países el 2 de abril, el “Día de la Liberación”, como él lo llamó. Impuso aranceles “recíprocos” más severos, de hasta el 50 %, a los países que venden más productos a Estados Unidos de los que Estados Unidos les vende. (Posteriormente, Trump suspendió esos aranceles más altos durante 90 días).
Los estados argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia no autoriza el uso de aranceles. Incluso si así fuera, afirman, el déficit comercial no cumple con el requisito legal de que una emergencia solo se active por una “amenaza inusual y extraordinaria”. Estados Unidos ha registrado un déficit comercial con el resto del mundo durante 49 años consecutivos. “Este no es un problema inusual”, declaró Brian Marshall, fiscal estatal de Oregón, a los jueces el miércoles.
La administración Trump argumenta que los tribunales aprobaron el uso de aranceles de emergencia por parte del presidente Richard Nixon durante la crisis económica de 1971. La administración Nixon citó con éxito su autoridad bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte del lenguaje utilizado en la IEPPA.
Brett Shumate, fiscal general adjunto de EE. UU. que representa a la administración, argumentó el miércoles que solo el Congreso, y no los tribunales, puede determinar la cuestión “política” de si la justificación del presidente para declarar un estado de emergencia se ajusta a la ley. Este argumento llevó a la jueza Jane Restani a preguntarse si los tribunales eran incapaces de bloquear las declaraciones de emergencia del presidente, por muy “descabelladas” que fueran.
Los aranceles impuestos por Trump el Día de la Liberación sacudieron los mercados financieros globales y llevaron a muchos economistas a rebajar las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento, los aranceles parecen haber tenido poco impacto en la mayor economía del mundo.
Los 12 estados que persiguen el caso son Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont.
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