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La Casa Blanca publicó el viernes la propuesta presupuestaria del presidente Donald Trump para 2026, con la esperanza de recortar drásticamente, si no eliminar por completo, el gasto en numerosos programas gubernamentales. Busca una reestructuración radical de las prioridades nacionales del país, reflejo de los primeros 100 días del presidente en el cargo y el repentino despido de empleados federales.
El plan de Trump pretende realizar fuertes recortes al cuidado infantil, la investigación de enfermedades, la energía renovable y el mantenimiento de la paz en el exterior, muchos de ellos ya en marcha a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, al mismo tiempo que aumenta los miles de millones de dólares para la agenda de deportaciones masivas de la administración.
Los redactores del presupuesto se hacen eco de las promesas de Trump de acabar con los “programas progresistas”, incluyendo las becas preescolares para estados con programas de diversidad. Y reflejan su promesa de detener la “utilización del gobierno como arma” mediante el recorte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), incluso cuando sus críticos lo acusan de usar los recursos del poder para castigar a personas e instituciones que desaprueba.
En general, se trata de una reducción considerable en las cuentas domésticas: de casi el 23%, dijo la Casa Blanca.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca afirmó que confía en que el Congreso libere 375 mil millones de dólares en nuevos fondos para los departamentos de Seguridad Nacional y Defensa como parte del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump sobre recortes de impuestos y recortes de gastos. Su objetivo es repeler lo que él llama una “invasión extranjera”, a pesar de que la llegada de migrantes a Estados Unidos está en mínimos históricos.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dio la bienvenida a la propuesta como “un plan audaz que refleja los valores de los estadounidenses trabajadores y el compromiso con la fortaleza y la prosperidad de Estados Unidos”.
Los presupuestos no se convierten en ley, sino que sirven como punto de referencia para los debates del próximo año fiscal. Considerado a menudo una declaración de valores, este primer presupuesto desde el regreso de Trump a la Casa Blanca tiene el peso añadido de definir las aspiraciones del presidente republicano para su segundo mandato, junto con su partido en el Congreso.
Esto ocurre luego de que Trump impuso unilateralmente lo que podrían ser cientos de miles de millones de dólares en aumentos de impuestos en forma de aranceles, lo que desencadenó una guerra comercial que tiene a consumidores, directores ejecutivos y líderes extranjeros preocupados por una posible recesión económica.
Los demócratas atacaron el presupuesto como un presagio devastador de la visión de Trump para el país.
“El presidente Trump ha dejado sus prioridades claras como el agua: quiere recortar por completo los fondos para los programas que ayudan a los trabajadores estadounidenses”, declaró la senadora Patty Murray, de Washington, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones. Esto, añadió, “mientras otorga enormes exenciones fiscales a multimillonarios como él y aumenta los impuestos a la clase media estadounidense con sus aranceles imprudentes”.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, dirigida por Russell Vought, uno de los principales arquitectos del Proyecto 2025 de la conservadora Heritage Foundation, proporcionó únicamente los contornos de una versión reducida de las cifras totales.
Cubre únicamente el gasto discrecional del gobierno federal, que actualmente asciende a unos 1,83 billones de dólares anuales en cuentas de defensa y no defensa. El equipo de Trump reduce ese gasto en 163.000 millones de dólares, a 1,69 billones, una parte del presupuesto nacional de casi 7 billones de dólares que incluye muchos más programas y servicios.
Los presupuestos federales han aumentado de forma constante, al igual que los déficits anuales, que se acercan rápidamente a los 2 billones de dólares, con pagos anuales de intereses de la deuda de casi 1 billón. Esto se debe principalmente al aumento repentino del gasto de emergencia por la pandemia de COVID-19, los cambios en el código tributario que redujeron los ingresos y el aumento de los costos de Medicare, Medicaid y otros programas, principalmente para cubrir las necesidades de salud a medida que las personas envejecen. La deuda nacional, de 36 billones de dólares, está aumentando rápidamente.
“Necesitamos un presupuesto que cuente toda la historia y que controle el gasto, reduzca los préstamos y disminuya los déficits”, dijo Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia fiscal.
Entre algunas de las propuestas más destacadas de la Casa Blanca se encuentran:
El Departamento de Estado y los programas internacionales perderían el 84% de su dinero y recibirían 9.600 millones de dólares, lo que refleja profundos recortes que ya están en marcha, incluidos los de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos sufriría un recorte de $33.3 mil millones y el gasto del Departamento de Educación se reduciría en $12 mil millones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud se enfrentarían a fuertes recortes.
El Departamento de Defensa recibiría 113.300 millones de dólares adicionales y el de Seguridad Nacional 42.300 millones. Gran parte de esta cantidad depende de que el Congreso apruebe el ambicioso proyecto de ley de Trump. Esta legislación generó críticas de los principales defensores de la defensa, entre ellos el exlíder republicano, el senador Mitch McConnell, de Kentucky.
McConnell calificó el aumento propuesto al dinero de defensa en el presupuesto del presidente como un “truco”.
“Estados Unidos no puede esperar que nuestros aliados atiendan las peticiones de un mayor gasto anual en defensa si no estamos dispuestos a predicar con el ejemplo”, declaró McConnell en una declaración contundente. “Afortunadamente, las solicitudes presupuestarias presidenciales son solo eso: solicitudes. El Congreso pronto tendrá la oportunidad de garantizar que el poder estadounidense, y la credibilidad de nuestros compromisos, cuenten con los recursos adecuados”.
Es el Congreso, en virtud de sus poderes constitucionales, quien decide los planes de gasto, aprueba los proyectos de ley que autorizan los programas federales y los financia mediante el proceso de asignación de fondos. A menudo, este sistema falla, obligando a los legisladores a aprobar proyectos de ley de gasto provisionales para mantener la financiación del gobierno y evitar cierres federales.
El Congreso ya se encuentra inmerso en el trabajo de redacción del gran proyecto de ley de Trump sobre exenciones fiscales, recortes de gastos y mayores fondos para el esfuerzo de deportación masiva del gobierno, un paquete que, a diferencia del plan presupuestario, tendría fuerza de ley.
También se espera que Vought esté en el Capitolio en las próximas semanas mientras la administración Trump presiona con su caso.
Entre los analistas presupuestarios conservadores más hábiles de Washington, Vought ha forjado una carrera que lo lleva hasta este momento. Ocupó el mismo cargo durante la primera administración Trump y, para el Proyecto 2025, escribió un extenso capítulo sobre la reestructuración del gobierno federal.
Vought ha estado preparando por separado un paquete de 9 mil millones de dólares que recortaría la financiación actual para 2025 de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Corporación para la Radiodifusión Pública (CRP), que incluye al Servicio de Radiodifusión Pública (PBS) y la Radio Pública Nacional (NPR). Trump firmó una orden ejecutiva el jueves por la noche que instruye a la CRP y a las agencias federales a suspender la financiación de PBS y NPR.
Vought ha dicho que ese paquete de las llamadas rescisiones presupuestarias sería el primero de potencialmente más, ya que la administración Trump prueba el apetito en el Congreso para que los legisladores se pronuncien y voten para revertir el dinero.
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Esta historia ha sido corregida para reflejar que la administración está proponiendo recortar el presupuesto de Salud y Servicios Humanos en $33,3 mil millones, no en $33,3 billones.
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