La Opinión.
Un panel dividido de jueces de una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente el viernes el proceso de desacato del juez federal de distrito, James Boasberg contra la administración Trump por los vuelos de deportación a El Salvador realizados el mes pasado.
El Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington D. C. indicó que su orden busca brindar “oportunidad suficiente” para considerar la apelación del gobierno y “no debe interpretarse en modo alguno como una decisión sobre el fondo de dicha moción”.
El juez federal, James Boasberg, había dado inicio la semana pasada al proceso para declarar a la Administración en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
El miércoles pasado, en una decisión de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de haber ignorado con “completo menosprecio” una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió Boasberg.
Permitir al Gobierno “anular” los fallos de las cortes, agregó Boasberg, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los inmigrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una “desaparición forzada”.
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, el gobierno de EE.UU. pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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