La Opinión.
La jueza Dabney L. Friedrich dio una semana adicional a demandantes para presentar argumentos sobre el memorando de entendimiento que la oficina de Servicios de Impuestos Internos (IRS) firmó con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir información personal de los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos.
Durante una audiencia de casi dos horas y media, la jueza se enfocó el alcance del memorando firmado por ICE y IRS, no en su legalidad, ya que incluso los demandantes consideraron que existen acuerdos entre distintas áreas de gobierno.
El Departamento de Justicia (DOJ), que representa al gobierno, indicó que el acuerdo es entre IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no con ICE, aunque la información proporcionada sería para casos de inmigrantes con una orden final de deportación que no cumplieron 90 días después.
Los demandantes dudan que el gobierno del presidente Donald Trump haga buen uso de la información obtenida por el DHS, por ello la jueza solicitó un argumento adicional, el cual deberá responder el abogado que representa al DOJ.
La jueza confirmó que el memorando de intercambio de información no ha entrado en vigencia, por lo que técnicamente el DHS (a través de ICE) y IRS no tendría porqué estar recibiendo datos de inmigrantes.
Uno de los puntos claves en la audiencia fue cuando la jueza enfatizó que el memorando establece como base que la información sobre inmigrantes requerida deberá enfocarse en personas que hayan violado, más de 90 días, una orden de deportación.
“Según mi interpretación, la permanencia en el país excede la duración de una orden de deportación es el requisito más bajo en este momento”, expresó la jueza Friedrich.
Es posible que, dados los argumentos en el tribunal, la decisión de la jueza se enfoque en evitar que IRS comparta información masiva de inmigrantes, una de las preocupaciones de los demandantes.
Los demandados en el caso son el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la oficina de Servicio de Impuestos Internos (IRS); la comisionada interina del IRS, Melanie Krauss; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el director interino del ICE, Todd Lyons.
Los demandantes en el caso son el Centro de Trabajadores Unidos, Immigrant Solidarity Dupage, Inclusive Action for the City y Somos Un Pueblo Unido, representados por la organización Public Citizen Attorney con el abogado Nandan Joshi liderando el caso.
La preocupación clave.
En una conferencia virtual con periodistas previa a la audiencia, Joshi expuso que una preocupación es que el memorando entregado por la Administración Trump tiene varias partes selladas y no hay claridad en cómo utilizará la información posteriormente.
“Gran parte de la información ha sido censurada, incluyendo qué hará realmente el IRS con la información que obtenga del DHS y cómo la utilizará posteriormente”, dijo Joshi. “Hemos solicitado al tribunal que ordene al gobierno que revele todos los términos del acuerdo, y esperamos que esto se aborde en la audiencia. […] El propósito de la audiencia sobre la orden judicial preliminar es simplemente mantener el statu quo para que no se comparta información antes de que el tribunal pueda emitir una decisión sobre nuestras reclamaciones, ya que una vez que esa información se difunda, será imposible recuperarla”.
En ese sentido, la audiencia cumplió su objetivo, ya que la jueza Friedrich dejó en claro que el memorando entre ICE y IRS no ha entrado en vigor.
Previo a la audiencia, el abogado de los demandantes preguntó al defensor del gobierno, Andrew J. Weisberg, que ofreciera una versión sin sellar del memorando entregado a la corte, pero éste se negó argumentando “sensibilidad en el material”, según correos electrónicos en poder de la corte.
IRS tiene información de inmigrantes sin papeles que pagan impuestos a través de un Número de Identificación Individual (ITIN, en inglés), aunque no obtengan beneficios fiscales ni de Seguridad Social.
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