La Opinión.
El gobierno del presidente Donald Trump defiende la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para la deportación de inmigrantes presuntamente delincuentes, incluso busca la intervención de la Corte Suprema al respecto.
El zar de la frontera, Tom Homan, dijo que el presidente Trump tiene el derecho de aplicar la ley para la deportación a El Salvador de 238 presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha o MS-13.
“No paramos, no me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda, seguiremos”, dijo Homan en una entrevista en Fox News.
Homan desdeñó de ese modo la decisión de un juez James Boasberg de la Corte de Distrito de Washington, D.C., quien ordenó detener 14 días la aplicación de la ley en deportaciones, pero luego al responder a reporteros frente a la Casa Blanca, el funcionario justificó que se desobedeció la determinación del juez, porque el vuelo “ya estaba en camino”.
“Acatamos la decisión del tribunal. Su orden escrita era sobre cinco inmigrantes ilegales y uno deportado. La acatamos. [Pero] para cuando llegó la otra orden, el avión ya estaba sobre aguas internacionales lleno de terroristas y representaban una amenaza significativa para la seguridad pública”, afirmó. “Y, como saben, dar la vuelta a un avión sobre aguas internacionales implica reabastecer las aguas internacionales de terroristas que regresan a Estados Unidos”.
Homan afirmó que muchos, sin precisar cifra, de los deportados en el avión tuvieron un proceso bajo el Título 8, no por la Ley de Invasión Extranjera.
“Así que, repito, fue correcto hacer esto, o la gente de este país le ordenó al presidente Trump que abordara la crisis fronteriza, la inmigración y la delincuencia de inmigrantes ilegales, y eso es exactamente lo que hicimos. Deportamos a los terroristas”, defendió.
Al saberse de la decisión del juez Boasberg, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló en la plataforma X, donde escribió “opsie… demasiado tarde”, agregando un emoticón de carcajada.
Estados Unidos “no está en guerra”
Congresistas demócratas, organizaciones civiles y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticaron la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, al considerar que de ese modo el gobierno evita el debido proceso.
En un mensaje conjunto, los senadores Alex Padilla (California), Cory Booker (Nueva Jersey), el líder demócrata Dick Durbin (Illinois) y Peter Welch (Vermont), miembros del Comité Judicial del Senado, rechazaron la aplicación de la ley de 1798, al señalar que EE.UU. no estaba en guerra.
“Seamos claros: no estamos en guerra y los inmigrantes no están invadiendo nuestro país“, dijeron. “Además, son los tribunales los que determinan si las personas han infringido la ley, no un presidente actuando solo, ni los agentes de inmigración seleccionando a quién encarcelan o deportan. Es lo que exige nuestra Constitución, y es la ley a la que Trump está sujeto, por mucho que intente engañar al pueblo estadounidense”.
Violaciones al debido proceso.
La Red Católica de Inmigración Legal, Inc. (CLINIC, en inglés) hizo énfasis en posibles violaciones al debido proceso contra inmigrantes, incluidas audiencias judiciales y entrevistas de asilo, “para deportar rápidamente a extranjeros sospechosos de cooperar con el Tren de Aragua”.
Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, señaló que tomar acciones para lograr comunidades seguras es importante, pero la ley defendida por la Administración Trump es un abuso de poder.
“Todos deseamos comunidades seguras, pero esto constituye un abuso de poder injusto e innecesario. Estados Unidos no está en guerra, y esta política, sin duda, perjudicará a personas inocentes al negarles derechos legales básicos”, acusó.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que la ley se proclamó para emitirla en tiempos de guerra, pero incluso durante su aplicación generó cuestionamientos por abusos a ciertos grupos de migrantes.
“Es intolerante, peligroso y profundamente injusto invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una facultad extraordinaria en tiempos de guerra con una historia vergonzosa, para detener y deportar arbitrariamente a inmigrantes”, dijo James. “Debemos respetar sus derechos fundamentales y su dignidad. Los ataques de la Administración Trump contra los inmigrantes están generando miedo y caos, devastando familias y perjudicando las economías locales”.
.
