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A las 11:00 de la mañana, el gobierno de México y empresarios del sector gasolinero firmaron un acuerdo para mantener el precio del combustible, se venda a menos de 24 pesos por litro durante los próximos seis meses, exceptuando las zonas fronterizas.
En el acuerdo firmado a puerta cerrada en Palacio Nacional, es de “carácter voluntario y no impone obligaciones adicionales forzosas” fue denominado una “Política Nacional para Promover la Estabilización del precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México” también se busca evitar un aumento en el precio de la canasta básica.
En el compromiso ambas partes reconocieron que como la gasolina y el diesel son dos de las principales fuentes de energía en México, las cuales se utilizan principalmente en los sectores de transporte, agropecuario e industrial, tienen “un impacto directo con la producción de bienes y servicios que integran la canasta básica y cualquier variación en los precios de estos combustibles afecta directamente a la población”.
Previo al encuentro, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que una vez que pase el tiempo acordado se revisará como funcionó la medida.
“Es por seis meses, inicialmente, y obviamente en seis meses se revisa por si hay algún cambio y haya un proceso de evaluación, el objetivo es que a partir de la firma la gasolina no cueste más de 20, más de 24 pesos, la gasolina magna que ese es el objetivo”, dijo.
Instrumentación de la política de estabilización
En el acuerdo de 11 puntos, se establece que “el precio en las estaciones de la gasolina regular con octanaje menor a 91 sea menor a 24 pesos por litro” y no será aplicable “en las zonas fronterizas, en las cuales, por su estructura de costos y los estímulos fiscales para las regiones fronterizas norte y sur”.
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) establecerá un precio mayorista nacional para la gasolina regular que permita cumplir con el objetivo de precios justos en tanto que los permisionarios deberán reportar diariamente el precio de estos combustibles y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuará monitoreando los precios y establecerá mecanismos de información semanal.
En tanto, la Secretaría de Hacienda continuará con estímulos fiscales para suavizar las variaciones en el precio de venta final de los combustibles. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la institución que la sustituya (ya que está previsto su desaparición) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente también mantendrán su labor de supervisión.
“Todas las autoridades competentes del gobierno de México se comprometen a mantener de forma continua y permanente mesas de trabajo para el análisis de la regulación y normatividad técnica aplicable en materia de combustibles”, explica el documento.
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