La Opinión.
El enfoque del presidente Joe Biden hacia la inmigración marcó un cambio desde su inicio respecto a las políticas restrictivas de su predecesor, Donald Trump.
Durante su campaña presidencial, Biden promovió flexibilizar las normas de asilo y de inmigración.
Sin embargo, a partir de junio de 2023, su administración endureció ciertas políticas, fundamentalmente las dirigidas a disminuir significativamente los cruces fronterizos.
Desde finales de 2023 y en los inicios de 2024, el presidente Joe Biden estaba enfrentando la presión de los republicanos para reprimir el arribo masivo de inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, sin que estos permitieran que avanzara en el Congreso el proyecto de ley de financiamiento de emergencia del presidente que incluía una partida para reforzar la frontera y contratar a más agentes migratorios para atender el flujo de inmigrantes indocumentados.
En esos momentos, en la Casa Blanca se estaban evaluando medidas migratorias como: expulsar sumariamente a los inmigrantes sin procesar sus solicitudes de asilo, una medida semejante al Título 42, expandir la expulsión acelerada que permite a los funcionarios de inmigración deportar a inmigrantes sin audiencias judiciales, si no solicitan asilo o si no pasan sus entrevistas iniciales de asilo y elevar el estándar de evaluación inicial para las llamadas entrevistas de miedo creíble
En febrero, según una encuesta de Gallup, la inmigración resurgió como el problema más importante que enfrentaba Estados Unidos, por primera vez desde 2019.
En marzo, Biden revivió el llamado a los republicanos del Congreso para que aprobaran el proyecto de ley bipartidista de inmigración y seguridad fronteriza, asegurando en su discurso del Estado de la Unión, en una clara diferenciación respecto a la política migratoria seguida por su predecesor Donald Trump: “Esto es lo que no voy a hacer. No demonizaré a los inmigrantes diciendo que ‘envenenan la sangre de nuestro país’, como él mismo dijo. No separaré a familias. No prohibiré la entrada en Estados Unidos a la gente por su fe”
Ya en abril, en medio de la carrera por la Presidencia en las elecciones de 2024, las encuestas revelaban que los estadounidenses favorecían más a Trump que a Biden, y que los temas más críticos para los votantes eran la economía y la inmigración.
En junio, entró en vigor mediante una orden ejecutiva de Biden, una nueva regla en para cerrar la frontera, así como endurecer el proceso de peticiones de asilo y acelerar deportaciones.
La política de asilo más restrictiva de un presidente demócrata, trajo como resultado la menor cantidad de cruces fronterizos no autorizados que se ha registrado en los últimos cuatro años, en septiembre.
En octubre se anunció por el Departamento de Seguridad Nacional que Estados Unidos no renovará el permiso humanitario legal por dos años otorgado a los inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que llegaron al país bajo el programa de patrocinio conocido como “parole humanitario” que se implementó para disminuir los cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera.
Y ya en noviembre, cuando se conoció que Donald Trump es el presidente electo, cualquiera de estas políticas de control de la inmigración promovidas por la Administración Biden comenzaron a ser sustituidas cuando Trump confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
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