La Opinión.
Alrededor de $315,000 millones de dólares sería el costo para Estados Unidos de una operación para la deportación de más de dos millones de inmigrantes, considerando las redadas, la detención y la expulsión de las personas.
A ese costo se deberá sumar el impacto en la economía, considerando que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la llegada de inmigrantes entre 2021 y 2023 significaban $10 billones de dólares para la economía estadounidense en los siguientes diez años.
El estimado del costo de operación fue realizado por la organización American Immigration Council, la cual enfatizó que se trataba de una “estimación muy conservadora”.
El reporte, indica la organización, no incluye los costos a largo plazo de una operación de deportación masiva sostenida.
“[Tampoco incluye] los incalculables costos adicionales necesarios para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto período de tiempo, incalculables porque simplemente no existe una realidad en la que sea posible una operación tan singular”, se acota.
El reporte hace énfasis en que la capacidad carcelaria de EE.UU. no permitiría tener recluidos a todos los inmigrantes que se pretende detener, previo al proceso de deportación, ya que hasta 2022 había 1.9 millones de personas los espacios en prisiones en condados, estatales y federales.
La deportación masiva prometida por Trump requerirá una operación a largo plazo, que incluye el arresto, procesamiento, detención y expulsión de al menos un millón de personas al año.
Los expertos destacan que los inmigrantes tienen la opción de “autodeportarse”, pero suponen que si un 20 por ciento lo hiciera, el costo para las finanzas estadounidenses seguiría siendo elevado. En una década el impacto sería de $967,900 millones de dólares.
“Esto requeriría que Estados Unidos construyera y mantuviera una capacidad de detención del ICE 24 veces mayor que la que existe actualmente”, se indica.
Tom Homan, nombrado por el presidente electo Trump como el “zar de la frontera”, ha indicado que la operación contra inmigrantes incluirá aquellos con récord criminal, pero también a los de reciente ingreso.
“La crueldad y el costo humano que traerán las deportaciones masivas indiscriminadas y despiadadas serán incalculables”, consideró Douglas Rivlin, director sénior de comunicación de America’s Voice. “Seamos claros: la agenda de deportaciones masivas de Trump actuará como una bola de demolición para las familias trabajadoras”.
Agregó que el impacto económico no será solamente para las familias, sino para “todos los estadounidenses”, debido a que se podría disparar la inflación, aumentar los déficits, recortando los ingresos y contrayendo el PIB y el empleo.
“Sin duda causará estragos en industrias específicas, pero los efectos dominó se sentirán en todos los rincones de la economía estadounidense”, expuso Rivlin.
¿Juicios sumarios en puerta?
Abogados conciden en que ningún inmigrante detenido por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede ser deportado sin tener una audiencia ante un juez, quien otorga la orden final de deportación.
“Es muy importante de que los miembros de nuestra comunidad entiendan que el gobierno no puede nomás detenerte y deportarte de los Estados Unidos sin tu permiso“, explicó el abogado Eduardo Herrera, cofundador de Brigante Law Group Inc., una firma de abogados que opera en California y la Ciudad de México. “Todos tenemos el derecho de presentarnos enfrente de un juez. Podemos aplicar por el asilo político, cancelación e deportación… enfrente de un juez de migración se puede meter un trámite para la residencia”.
Para procesar los millones de casos migratorios en tribunales, el reporte del American Immigration Council destaca que se deberán implementar más de mil nuevas salas de cortes migratorias.
“El gobierno también tendría que establecer y mantener más de mil nuevas salas de tribunales de inmigración para procesar a las personas a ese ritmo”, indica.
En 2018, la Administración Trump realizó juicios sumarios, para procesar al mismo tiempo a decenas de inmigrantes, bajo la “Operación Streamline”, en cortes provisionales en Texas, como reportó The Intercept en Pecos, Brownsville, Laredo y El Paso.
El principal problema con esos juicios sumarios es que los inmigrantes no tuvieron representación legal adecuada.
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