Reuters.
El juez que supervisa el caso penal de Donald Trump aplazó la decisión sobre si la condena del presidente electo debe ser anulada por motivos de inmunidad, lo que permite a los fiscales sopesar los próximos pasos tras su victoria electoral del 5 de noviembre.
El juez Juan Merchán tenía que pronunciarse hoy sobre el argumento de Trump de que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en julio de que los presidentes son inmunes a los procesos relacionados con sus actos oficiales significaba que el caso del estado de Nueva York debía ser desestimado.
En cambio, Merchan accedió a una petición de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de tener hasta el 19 de noviembre para considerar cómo abordar el caso a la luz de la inminente toma de posesión de Trump en enero de 2025, según mostró la correspondencia electrónica hecha pública el martes.
Se espera que la sentencia de Trump, prevista para el 26 de noviembre, se posponga.
Primer presidente condenado
Trump se convirtió en mayo en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito cuando un jurado de Manhattan lo declaró culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales para encubrir un posible escándalo sexual poco antes de su primera victoria electoral en 2016.
Trump, que se declaró inocente, ha prometido apelar el veredicto tras la sentencia.
El fiscal Matthew Colangelo escribió que había “intereses contrapuestos” entre garantizar que un caso penal proceda como de costumbre y proteger la oficina del presidente.
“El pueblo está de acuerdo en que estas son circunstancias sin precedentes”, escribió Colangelo.
Trump va a ser el primer delincuente investido presidente tras su victoria sobre la vicepresidenta Kamala Harris.
El juicio en cuestión de seis semanas en Manhattan fue por un pago de 130 mil dólares hecho por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que guardara silencio sobre un encuentro sexual que dijo haber tenido con él en 2006, pero que él ha negado.
El abogado defensor de Trump, Emil Bove, escribió que en última instancia era necesario desestimar el caso para evitar que interfiriera con las funciones presidenciales de Trump.
“La suspensión, y el sobreseimiento, son necesarios para evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad del presidente Trump para gobernar”, escribió Bove.
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