La Opinión.
La noche del viernes 8 de noviembre, tras una discusión de 12 horas, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) votó a favor de nuevos estándares para la gasolina, lo que se anticipa aumentará los precios del combustible hasta por 65 centavos adicionales, a partir del 2025.
De acuerdo a la CARB, estos estándares aprobados se necesitan para cumplir con la fecha límite de reducir significativamente el uso de petróleo y gas para el año 2030.
Sin embargo, al agregar costos a las refinerías de petróleo, el personal de la CARB ha reconocido que se espera que esos costos se transfieran a las gasolineras.
El voto se dio en medio de la presión de diversos grupos para que la CARB sea más transparente en cuanto al impacto en los precios de gasolina para los automovilistas, pero también por parte de grupos ambientalistas que no creen que las regulaciones harán mucho para mejorar la contaminación del aire.
Los conductores de California pagan en promedio $1.42 más por galón que el resto del país. Este sábado, la media en el precio del galón costaba en California, $4.14 comparado con $3.09 a nivel nacional.
Eric Guerra, miembro de la CARB pidió dar seguimiento cada seis meses a los precios de la gasolina bajo los nuevos estándares.
“Los costos del transporte realmente impactan a las familias”, dijo.
La votación para aprobar los cambios al programa al programa Estándar de Combustible Bajo en Carbono, también conocido como LCFS, se dio luego de seis horas de comentarios públicos, vertidos por más de 150 personas.
“CARB debe hacerlo mejor. La administración entrante de Trump ha prometido socavar el progreso climático de California y la autoridad de esta agencia” dijo Nina Robertson, abogada de la organización ambientalista Earth Justice.
“Esta será una lucha por la supervivencia de nuestras protecciones ambientales fundamentales. En este momento crítico, necesitamos que CARB reúna todos los recursos para el transporte con cero emisiones de carbono”.
Los grupos de justicia ambiental también plantearon inquietudes sobre la ampliación del uso de biocombustibles y la posibilidad de que resulte en escasez de alimentos y deforestación.
Un día antes de la votación, el Ayuntamiento de Fresno votó para pedir a la CARB que pospusiera la reunión hasta que quedara claro de cuánto sería el alza a la gasolina.
También los republicanos del Senado de California habían presentado una petición en nombre de casi 13,000 californianos que firmaron para instar a la Junta de CARB a posponer la votación sobre los cambios a su programa de tarifas del Estándar de Combustible Bajo en Carbono, pero no lo consiguieron.
Durante la reunión, funcionarios de CARB admitieron que no sabían, de cuánto sería el impacto en los precios de la gasolina, pero previamente habían estimado 47 centavos por galón a partir del próximo año. Luego dijeron que darían a conocer un nuevo cálculo.
Las reacciones no se hicieron esperar.
El líder de los republicanos en la Asamblea, James Gallagher se lanzó contra el gobernador de California.
“Esto es solo el último ejemplo de cómo Newsom y sus aliados demócratas en la legislatura están perjudicando a los trabajadores de California con costos aún más altos”.
Sostuvo que los californianos han sido claros: no pueden permitirse el aumento de los precios de la gasolina que provocará esta nueva norma.
“Los políticos demócratas han obstaculizado todos los esfuerzos por detener este aumento de precios; tendrán que responder ante sus electores indignados cuando los precios de la gasolina suban una vez más”.
El senador republicano Brian Dahle dijo que la decisión de CARB no solo encarecerá las cosas para las familias, sino que también afectará desproporcionadamente a los residentes de las comunidades rurales que deben viajar largas distancias para comprar alimentos, recibir atención médica, etc.
“Los californianos no deberían tener que renunciar a llevar a su familia a cenar para poder pagar la gasolina del auto solo para ir a trabajar”.
El mes pasado, el gobernador Newsom cerró una sesión especial legislativa, firmando la ley ABX2-1 que establece reglas para que las refinerías de petróleo conserven un inventario mínimo de combustible que evite la escasez de gasolina al hacer sus labores de mantenimiento. La medida busca evitar la especulación de precios.
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