La Opinión.
Elegir la opción de gobierno o a determinado candidato que mejor se adecue a los intereses de cada ciudadano estadounidense es un derecho y debe respetarse.
Por ello, el Departamento de Justicia dio a conocer, a través de la División de Derechos Civiles, la División Penal, la División de Seguridad Nacional (NSD) y las Fiscalías de los Estados Unidos en todo el país, cómo se puede garantizar que todos los ciudadanos calificados tengan la oportunidad de emitir su voto y que éste sea contado libre de discriminación, intimidación o actividad delictiva durante el proceso electoral que tendrá lugar el martes 5 de noviembre.
En este sentido, la División de Derechos Civiles del Departamento tiene la misión de garantizar el cumplimiento de las disposiciones civiles de los estatutos federales que protegen el derecho al voto y de las disposiciones penales de los estatutos federales que prohíben la interferencia discriminatoria al momento de ejercer el derecho de elegir a un partido o candidato político.
La ciudadanía debe saber que existe un conjunto de leyes creadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir a un candidato o partido.
Algunas de ellas son: la Ley de Derechos al Voto, la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley de Votación en Ausencia de Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, la Ley de Ayuda a los Estados Unidos a Votar, y las Leyes de Derechos Civiles.
Fundamentalmente estos ordenamientos jurídicos se enfocan en:
• Prohibir las prácticas electorales que tengan un propósito o un resultado discriminatorio por motivos de raza, color o condición de minoría lingüística.
• Prohibir la intimidación de los votantes.
• Permitir que los votantes que necesitan ayuda para votar debido a una discapacidad o incapacidad para leer o escribir reciban asistencia de una persona de su elección.
• Exigir materiales y asistencia electoral en idiomas minoritarios en ciertas jurisdicciones;
• Exigir sistemas de votación accesibles para los votantes con discapacidad;
• Exigir que se ofrezcan papeletas provisionales a los electores que afirmen estar registrados y ser elegibles para votar en la jurisdicción, pero cuyos nombres no aparezcan en los libros de votación.
• Exigir a los estados que permitan el voto en ausencia para los miembros del servicio uniformado que • prestan servicio fuera de casa y a los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero.
• Exigir a los estados cubiertos que ofrezcan la oportunidad de registrarse para votar a través de oficinas que proporcionen licencias de conducir, asistencia pública y servicios para discapacitados, así como por correo, y que tomen medidas para mantener listas de registro de votantes.
Quejas o denuncias
Otro punto importante que la ciudadanía debe conocer es que, durante todo el ciclo electoral, los abogados de la División de Derechos Civiles en las Secciones de Votación, Derechos de Discapacidad y Penal en Washington, DC, estarán listos para recibir denuncias de posibles violaciones de cualquiera de los estatutos que aplica la División de Derechos Civiles.
De esta manera, cualquier persona interesada en denunciar posibles violaciones de las leyes federales de derecho al voto pueden llamar a la línea telefónica gratuita del Departamento de Justicia al 800-253-3931, o bien hacerlo por escrito ingresando a la página: http://www.civilrights.justice.gov.
Con respecto a las denuncias relacionadas con violencia, amenazas de violencia o intimidación en un lugar de votación, siempre deben notificarse de inmediato a las autoridades locales llamando al 911.
En defensa de la ley
Para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin ningún tipo de anomalía, la División Penal del departamento supervisa la aplicación de las leyes federales que penalizan ciertas formas de fraude electoral y reivindican la integridad del proceso electoral federal.
A través de la Sección de Integridad Pública de la División Penal y las Fiscalías de los Estados Unidos se garantiza que se hagan cumplir las leyes penales federales que prohíben diversas formas de delitos electorales, como la destrucción de papeletas, la compra de votos, la votación múltiple, la presentación de papeletas o registros fraudulentos, la alteración de votos y la mala conducta por parte de funcionarios y empleados postales o electorales
Otra de sus funciones tiene que ver con hacer cumplir la ley penal federal que prohíbe las amenazas ilegales de violencia contra los trabajadores electorales y prohíbe la intimidación y la supresión de votantes por razones distintas a la raza, el color, el origen nacional o la religión
De esta manera, en caso de que algún ciudadano esté interesado en presentar denuncias por delitos electorales debe dirigirse a la Fiscalía de los Estados Unidos local o a la oficina local del FBI.
Para conocer la ubicación o el número telefónico de la oficina de la Fiscalía más cercana se debe ingresar a la página: www.justice.gov/usao/districts.
En el caso de las oficinas locales del FBI y sus números de teléfono, los datos correspondientes pueden obtenerse al consultar la dirección: www.fbi.gov/contact-us.
Por parte, en caso de que algún ciudadano se percate de algún incidente relacionado con la intervención de algún incidente que afecte o estén relacionado con la seguridad nacional, incluidos todos los casos que involucren influencias extranjeras maliciosas e interferencias en las elecciones o amenazas extremistas violentas a las elecciones, entonces puede contactar al personal de la División de Seguridad Nacional (NSD) del Departamento, pues allí investigan dicho tipo de denuncias.
Todos los canales descritos están habilitados con el objetivo de mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático estadounidense.
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