La Opinión.
Aún cuando es incierto el destino del programa del presidente Biden que permite a las esposas indocumentadas permanecer en el país mientras buscan la residencia permanente, quienes presentaron sus aplicaciones, mantienen viva la esperanza de que este beneficio siga y puedan ajustar su estatus migratorio.
“Nuestra comunidad es muy resiliente, y aunque un juez ha puesto una pausa a este programa, tienen la esperanza de que se va a proceder a favor”, dijo la abogada en migración de CHIRLA, Sandy Benítez.
Bajo la bandera “Manteniendo a las Familias Juntas”, el 18 de junio, el presidente Biden anunció un nuevo programa para permitir que las esposas de ciudadanos estadounidenses puedan aplicar por el Parole in Place al Departamento de Seguridad de la Nación (DHS).
Se estimó que 550,000 personas podrían beneficiarse al recibir la residencia permanente a través de sus cónyuges sin el riesgo de años de separación de sus familias, al tener que salir del país a hacer el trámite.
Las aplicaciones comenzaron a recibirse el 19 de agosto.
Sin embargo, de inmediato vino una demanda por parte de 16 fiscales republicanos, encabezados por Ken Paxton de Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el argumento de que la política de Biden “viola directamente las leyes creadas por el Congreso, y equivale a una amnistía general para las personas que entraron al país ilegalmente”.
En respuesta a la demanda, un juez federal de Texas, J. Campbell Barker, nombrado por Donald Trump en el cargo, bloqueó temporalmente el programa Parole in place de Biden, diciendo en su fallo que las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha.
El juez fijó como plazo el 10 de octubre para que las partes contrarias presentaran argumentos en el caso.
También determinó que aunque el DHS puede aceptar aplicaciones para el Parole in Place, su decisión previene que sean procesadas.
“Lo que estamos diciendo a quienes califican para este programa, es que no hay garantía de que les puedan devolver los $580 que pagaron por la aplicación en caso de que se dé una decisión desfavorable”, dijo la abogada Benítez.
“Lo que ha estado pasando, es que se siguen aceptando aplicaciones, incluso algunas personas han sido llamadas a hacerse las huellas digitales, pero no se procede con el caso por esta pausa en la corte”, explicó.
Y reveló que el número de personas que han acudido a CHIRLA a solicitar el Parole in Place ha bajado. “Algunos porque no saben que aún con esta pausa, puede presentar la solicitud”.
Dijo que lo que CHIRLA hace es darles a las personas interesadas, la información sobre el programa, y les explica que existe la posibilidad de que continúe o no, para que ellos tomen su decisión.
“Si yo estuviera en su lugar y contara con los $580 que cuesta, si aplicaría por el Parole in Place. Lo preferiría a no tener la oportunidad”.
Dijo que en los cinco días que estuvo vigente este programa de Biden en agosto, alrededor de 50 personas aplicaron a través de CHIRLA.
Julie Mitchell, abogada de la organización CARECEN en Los Ángeles, dijo que sigue aceptando nuevas solicitudes, y saben que se están procesando, pero la aprobación ha quedado en suspenso mientras el futuro del programa Parole in Place se dirime en las cortes.
“Muchas personas están esperando para aplicar a que la corte tome una decisión final. Están en la misma situación de limbo de quienes aplicaron para DACA y no se les pudo aprobar su caso”.
Dijo que es una decisión de cada persona determinar si aplican o no.
“Deben evaluar el riesgo contra el beneficio que pueden recibir”.
Mientras en las cortes se toma una decisión sobre el programa de Biden, comentó que en CARECEN siguen llenando aplicaciones y sometiéndolas, “no con la misma demanda que tuvimos al principio antes de que el juez lo parara”.
La abogada Mitchell recomendó a quienes califiquen para este programa, obtener una consulta individual para que vean si les conviene aplicar o no para el Parole in Place.
“Tal vez en una consulta completa pueden descubrir que tienen otras opciones para arreglar su estatus migratorio”.
Y les recordó mantenerse alertas porque para el Parole in Place – dijo – solo se aceptan solicitudes en línea. Al mismo tiempo, pidió no confiarse de quienes les digan que puedan hacer la aplicación en persona o por correo.
Para calificar para el Parole in Place, las personas deben: estar casadas con un ciudadano estadounidense, haber vivido en EE UU durante al menos diez años e ingresado originalmente sin admisión ni libertad condicional.
En promedio, los 500,000 cónyuges indocumentados que califican para el nuevo proceso de libertad condicional en el lugar (Parole in Place) han vivido en EE UU durante 23 años, tienen 40 años de edad y han estado casados con sus cónyuges ciudadanos estadounidenses durante muchos años.
.
