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Este lunes, más mil 100 jueces y juezas de Distrito, magistradas y magistrados solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ejerza sus atribuciones para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos ante la reforma judicial, que calificaron como golpe de Estado.
En el documento, que fue entregado de manera personal en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos, los juzgadores demandaron la aplicación del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Indicaron que la sociedad mexicana se encuentra bajo asedio con el proyecto de dictamen de la llamada reforma judicial, “la cual implica un grave detrimento de la democracia representativa”.
En el texto puntualizaron que, de aprobarse, la reforma “abriría un camino sin retorno a un golpe de Estado técnico”.
“Al activar este mecanismo del artículo 41 Convencional, no nos mueve un ánimo litigioso de defensa de derechos individuales o de incidencia colectiva: sabemos que no es ésta la vía ni el momento procesal para hacer valor nuestros derechos laborales”, indicaron en la solicitud.
“Nos mueve el cumplimiento de nuestro deber como Poder Judicial de defender los derechos humanos y la democracia que los hace posibles y por ello comparecemos ante la CIDH para pedirle que active, hasta el máximo de sus posibilidades, las muy diversas competencias y atribuciones”, subrayaron.
Llamaron a “evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático” y se desmonte a los órganos de control al poder y de garantía efectiva de los derechos humanos. Confiaron en que la CIDH, “como lo ha hecho históricamente”, asuma el rol de defensa colectiva de los mexicanos.
En conferencia, Juan José Olvera López, magistrado Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, indicó que con esta solicitud “están cumpliendo son su deber de advertir, en nuestra función de garantes nacionales de los derechos humanos de todos los mexicanos, que esta reforma apunta a un golpe de estado”.
Dijo que lo que realmente busca esta reforma “es la concentración total del poder y anula los principios esenciales de la democracia misma: el poder democrático limitado y limitable”.
Añadió que con la reforma que avanza en el Congreso de la Unión “pretenden designar a jueces de control constitucional por elección popular mediante un mecanismo tan arbitrario como aleatorio que les garantice su misión: no quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren personas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno”, que “garantice lealtad” al partido en el poder.
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