EFE.
El cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, y organizaciones a favor de los migrantes denunciaron este lunes la nueva ley migratoria de Georgia, que consideran se presta para abusos y causa incertidumbre a la comunidad hispana.
Esta comunidad de Georgia se mantiene a la expectativa tras la entrada en vigor de la HB 1105, impulsada por los republicanos tras el asesinato de una joven universitaria presuntamente a manos de un venezolano sin documentos.
El cónsul Díaz subrayó hoy que su país condena este tipo de medidas antimigrantes que “pueden conducir al acoso, a la detención, a la expulsión y criminalización indebida de personas migrantes”.
“También puede detonar un ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad entre la comunidad mexicana en Estados Unidos”, afirmó Díaz de León en un mensaje.
El funcionario prometió que se utilizarán todos los recursos consulares y legales para proteger los derechos de los mexicanos en el estado.
Aunque la medida entró en vigencia el pasado 1 de mayo, el mismo día en que fue promulgada por el gobernador Brian Kemp, según indicó a EFE este lunes la oficina del mandatario estatal, varios medios se hicieron eco de que se hizo efectiva este lunes 1 de julio, como tradicionalmente ocurre con la mayor parte de las nuevas legislaciones.
La noticia generó preocupación en la comunidad hispana, pues activistas temen que esta nueva ley desencadene un aumento de la discriminación racial y de los ataques contra las personas afroamericanas.
La HB 1105 exige a los departamentos de policía y alguaciles que verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y que notifiquen al Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) si están indocumentados, y que además soliciten su participación en polémico convenio federal 287(g), que establece un acuerdo de colaboración con esta agencia federal.
De incumplir las disposiciones, las agencias locales podrían perder fondos estatales y sus oficiales enfrentar cargos.
La medida cobró fuerza y se convirtió en la prioridad del gobernador y los legisladores republicanos tras la muerte de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años.
José Ibarra, un migrante de origen venezolano, está acusado de la muerte de Riley, quien fue asesinada a principios de año cuando trotaba en el campus de la Universidad de Georgia (UGA) en Athens.
Organizaciones como la Alianza Latina Pro-Derechos Humanos de Georgia (GLAHR, en inglés) están recorriendo el estado para informar a la comunidad sobre la ley y para que los migrantes conozcan sus derechos en caso de que se cometan arbitrariedades en su cumplimiento.
“La comunidad está inquieta por saber exactamente cómo funciona esta ley y por eso hemos estado viajando y haciendo reuniones comunitarias para que sepan cómo impacta la ley en la vida de cada uno de nosotros como migrantes. Hay mucho ruido porque es un año electoral y ya no es nuevo que usen como su plataforma política”, dijo a EFE Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR.
De acuerdo con la activista, hasta ahora, desde que entró en vigor la ley hace dos meses, “todo está como tranquilo, aunque hay algunos casos en el área de Greensboro y Eatonton, donde la policía está preguntado el país de origen a las personas detenidas, no necesariamente indocumentados”.
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