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El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este domingo una campaña publicitaria encaminada a combatir las propuestas en varios estados gobernados por republicanos de prohibir los viajes a otras entidades de Estados Unidos para acceder a abortos, y recibir atención adicional de salud reproductiva.
La campaña de anuncios en diversos estados y una iniciativa de peticiones en línea comenzarán esta semana con un comercial televisivo acerca de una medida que está siendo examinada en Tennessee.\
El proyecto de ley de “tráfico de abortos”, promovido por legisladores republicanos estatales, convertiría en delito grave el que un adulto reclute, albergue o transporte a una menor para que le sea efectuado un aborto sin el consentimiento de sus padres.
En declaraciones al programa “Meet the Press” de la cadena NBC, el gobernador de California dijo que restricciones similares inspiradas en una ley que ya fue aprobada en Idaho también están siendo propuestas en Oklahoma y Mississippi.
“Las condiciones son mucho más perniciosas de lo que incluso aparentan”, señaló Newsom.
“Estos señores no sólo están restringiendo los derechos, la determinación personal de una mujer joven a decidir si tiene un hijo o no, sino que también están determinando su destino en lo que respecta a su futuro en la vida, al decir que ni siquiera pueden viajar”.
Personas que respaldan la medida de Tennessee dijeron que podría tipificar como delito no sólo llevar a una menor para que se someta a un aborto, sino también proporcionar información sobre servicios de aborto cercanos o informar qué estados tienen leyes menos estrictas sobre la interrupción del embarazo.
El representante estatal republicano Jason Zachary, que está copatrocinando la propuesta, ha dicho que se trata “simplemente de un proyecto de ley sobre derechos de los padres”.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo del caso Roe vs. Wade en 2022, activistas en contra del aborto han presionado a los estados a que prohíban las interrupciones del embarazo y hallen formas de impedir que mujeres y adolescentes embarazadas crucen a otros estados para ser atendidas.
