El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tomó nota de manera favorable a la demanda que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos interpuso contra la ley SB4 de Texas, la cual otorgaría a autoridades estatales el poder de expulsar a migrantes del país, capacidad exclusiva del gobierno federal.
Dicha ley fue firmada por el gobernador Greg Abbott en diciembre del 2023 y está prevista para entrar en vigor en marzo de este año.
“La Cancillería expresó su rechazo ante la implementación de esta medida antimigrante que pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante”, expresó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El comunicado indica que, desde el año pasado, la secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la red consular en Texas reforzar sus medidas de protección para defender los derechos de 11 millones de mexicanos que viven en dicho estado.
“El gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que propicie ambientes hostiles que puedan derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes, y que contemple el retorno involuntario de personas sin respeto al debido proceso”, sentencia.
Por último, informan que la cancillería dará seguimiento al proceso comenzado por el gobierno del presidente Joe Biden.
La demanda del Departamento de Justicia, interpuesta en un tribunal federal en Austin, solicita a la corte que declare inconstitucional la ley de Texas, argumentando que las leyes federales tienen primacía sobre las estatales.
“Texas no puede gestionar su propio sistema de migración”, afirma el Departamento de Justicia en la demanda. “Sus labores, mediante la SB4, violan la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular el ingreso y retiro de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de migración de Estados Unidos, e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos”, indicaron.
El Departamento de Justicia le envió una carta a Abbott la semana pasada en la que amenazaba con emprender acciones legales a menos que Texas diera marcha atrás. En respuesta, Abbott publicó en X que el gobierno federal “no sólo se niega a aplicar las leyes actuales de migración, sino que ahora quiere impedir que Texas aplique leyes contra la migración ilegal”.
.
