Más de 100 asociaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTQ+ exigieron a Claudia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), pronunciarse de manera contundente sobre las muertes del magistrade Ociel Baena Saucedo y de Dorian Herrera, su pareja, para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
Las 101 organizaciones y 312 activistas firmantes hicieron público en redes sociales el documento en el que también solicitan a la Conapred que se pronuncie por los mensajes que odio hacia la comunidad que son difundidos en redes sociales.
“A raíz de las violaciones evidentes de la Fiscalía de Aguascalientes sobre los derechos de las víctimas y de sus familiares, hemos exigido que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y le dé el seguimiento prioritario y adecuado”, se lee en el documento.
Solicitaron que el Conapred se pronuncie sobre lo sucedido para que la FGR “atraiga el caso y lo investigue con base en derechos humanos y con perspectiva de diversidad sexual y de género”.
En el mismo comunicado, los firmantes se identificaron como víctimas indirectas por las muertes de Baena y de Herrera.
Acusaron que los fallecimientos fomentaron una oleada de mensajes de odio y amenazas en redes sociales. También aumentó la discriminación por parte de los medios de comunicación, que, indicaron, revictimizaron a los afectados y a sus familias; afectando también los derechos y libertades de las personas que pertenecen a la diversidad sexual y de género.
Entre las solicitudes también se encuentra la atención prioritaria a las denuncias por “pronunciamientos de discurso de odio por parte de periodistas, personas servidoras públicas y representantes legislativos”.
Pidieron también la instauración de una mesa permanente de intercambio y trabajo conjunto para prevenir actos de discriminación en contra de miembros de la comunidad LGBTQ+.
“México está en la lista de países más peligrosos y violentos contra las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Somos al menos cinco millones de personas que pertenecemos a esas poblaciones con derechos y libertades violentadas de manera permanente”, aseguraron en el oficio.
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