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Un juez federal cuestionó este viernes si vivir en la pobreza sería suficiente para que una persona cubra los requisitos de una política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden que permite el ingreso a Estados Unidos de un número limitado de personas procedentes de cuatro países por motivos humanitarios.
El programa permite el ingreso a Estados Unidos de hasta 30 mil personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en total cada mes.
Texas y otros 20 estados de tendencia republicana entablaron una demanda contra dicho programa, al que acusan de ser un sistema de migración clandestino que deja entrar a casi todos los que solicitan el ingreso.
El juez federal Drew Tipton dijo que una “gran parte del mundo” vive en la pobreza, y agregó que visitó Haití y vio de primera mano las terribles condiciones de vida allí.
“¿El hecho de que vivan en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente?”, preguntó Tipton mientras se presentaban los argumentos finales en el juicio en Victoria, Texas.
“Creo que probablemente no”, respondió Elissa Fudim, abogada del Departamento de Justicia, que defiende al gobierno federal en la demanda.
Esther Sung, abogada del Justice Action Center, uno de varios grupos defensores de derechos de los migrantes que apoyan al programa en la demanda, dijo que el Congreso “no ha visto con buenos ojos que se deje entrar a un migrante por razones puramente económicas”.
Los abogados de Texas y otros estados dicen que el gran número de migrantes que reciben permisos humanitarios en Estados Unidos demuestra que los funcionarios están otorgando dichos permisos en masa y no caso por caso, como exige la ley.
Pero los abogados del Departamento de Justicia y grupos defensores de los migrantes argumentaron que las personas que emigran de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela no nada más huyen de las dificultades económicas, sino también de regímenes opresivos, de la escalada de violencia y de condiciones políticas que han puesto en peligro sus vidas.
Los partidarios del programa argumentan que este no aprueba a todos los que lo solicitan y que cada caso se revisa individualmente. Señalaron que se ha rechazado a personas que habían llegado a la fase final del proceso tras llegar a Estados Unidos.
Tipton cuestionó también las afirmaciones de los abogados de Texas, quienes plantearon que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de migrantes con permisos humanitarios. Texas tendría que demostrar que ha sufrido pérdidas económicas para poder tener legitimación procesal en el caso.
Una vez concluidos los alegatos finales, Tipton no se pronunció sobre la legalidad del programa. El fallo podría llegar dentro de unos meses
El juicio comenzó el jueves y sólo un testigo ha rendido testimonio, un estadounidense que patrocina a un migrante nicaragüense que vive en Estados Unidos gracias al programa. La mayor parte del juicio se ha dedicado a los alegatos finales y a las preguntas de Tipton a los abogados.
A finales de julio, más de 72 mil haitianos, 63 mil venezolanos, 41 mil cubanos y 34 mil nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados a venir a Estados Unidos mediante el programa.
Tipton, que fue nombrado por el entonces presidente Donald Trump, ha fallado anteriormente en contra del gobierno de Biden sobre a quién priorizar para la deportación.
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