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Una jueza federal concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) con el efecto de frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024 y ordenó a la dependencia educativa utilizar los materiales y planes de estudio aprobados para el periodo pasado.
En la audiencia constitucional del 18 de agosto, Yadira Medina, jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó conceder el amparo a la organización, de acuerdo con una notificación publicada este lunes.
El amparo tiene el efecto de ordenar a las autoridades federales y locales de la SEP establecer una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, el periodo pasado.
Lo anterior, estableciendo “un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa”.
Además, las autoridades federales deberán gestionar los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia, determinó la juzgadora.
Sin embargo, la jueza no publicó la sentencia completa en la que se detallan los efectos del amparo. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) aseguró a Latinus que aún no cuentan con el documento, pero posteriormente convocarán a una conferencia de prensa para dar detalles del caso.
De acuerdo con el expediente, la juzgadora notificará en el transcurso de este lunes la sentencia a la SEP.
El pasado 16 de agosto, la SEP promulgó los planes de estudio para el ciclo escolar 2023-2025, mismos que fueron incluidos como medios de prueba por la juzgadora en el juicio de amparo contra la distribución de los nuevos libros de texto.
Desde finales de mayo, la jueza concedió una suspensión definitiva a la organización de padres de familia con la que se ordenó a la SEP acreditar que los nuevos libros de texto cumplieran con la normativa y todos los procedimientos legales.
Entre los requisitos, la dependencia educativa tenía que acreditar que los libros se hicieran conforme a programas y planes de estudio previamente aprobados y vigentes para el ciclo escolar 2023-2024.
En esa misma suspensión definitiva, la jueza señaló que en caso de que la SEP no hubiera cumplido con la normatividad respectiva, podrá imprimir y distribuir los libros de texto aprobados con base en las formalidades vigentes para el ciclo escolar inmediato anterior (2022-2023).
Sin embargo, el 15 de agosto, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) de la SEP notificó a la jueza que estaba imposibilitada de cumplir la suspensión definitiva, por lo que la juzgadora le advirtió que podría enfrentar sanciones en caso de no acatar la orden judicial.
Hasta el momento, los gobiernos de Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Nuevo León suspendieron la entrega de libros.
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