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En octubre, cuando Ariadna López, de 27 años, fue hallada muerta junto a una carretera en el estado Morelos, los investigadores locales se apresuraron en declarar que el cuerpo “no presentaba señales de violencia”.
Esta versión, que apuntaba a que López murió asfixiada como resultado de una intoxicación alcohólica, se desmoronó rápidamente.
Primero, la familia rechazó públicamente la afirmación de que no se había cometido un crimen, en vista de los moretones que exhibía el cuerpo de la joven.
Luego, una segunda autopsia realizada a instancias de las autoridades de Ciudad de México, donde la joven había visitado un restaurante la noche en que murió, reveló que su cuerpo mostraba varias lesiones contundentes y concluyó que la muerte se produjo por un trauma múltiple.
El caso ha vuelto a poner en la palestra las reiteradas deficiencias en investigaciones sobre feminicidios en México, donde el número de asesinatos de mujeres está aumentando.
En los días posteriores a la muerte de López, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos de “querer encubrir el feminicidio” por tener vínculos corruptos con el presunto asesino, sin ofrecer pruebas.
El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, negó haber cometido algún delito y dijo que no tiene relación con el sospechoso. Afirmó que aunque el cuerpo de López presentaba hematomas, la necropsia inicial se realizó correctamente.
Pero según Teresa Rodríguez, una socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el intento por responsabilizar a López de su propia muerte cae en un patrón de culpabilidad de víctimas frecuente en México y que a menudo desalienta a las mujeres a denunciar crímenes.
“Lo más grave y lo más trágico es que ni siquiera necesita haber corrupción“, dijo Rodríguez. “Y esto es una cuestión de cultura, de sesgo. Peritos, médicos, legistas, cualquier mujer que ha denunciado lo sabe”, agregó.
Aumento de feminicidios
El caso de López encaja en un patrón nebuloso de investigaciones con errores sobre asesinatos de mujeres. En abril, Debanhi Escobar, de 18 años, fue encontrada muerta cerca de un motel en Nuevo León.
La primera autopsia dictaminó muerte accidental, un segundo estudio arrojó agresión sexual y golpes, mientras que la tercera necropsia concluyó que la joven había muerto por asfixia.
En 2017, los investigadores le dijeron por primera vez a la familia de Lesvy Berlín, quien fue encontrada estrangulada en una cabina telefónica en Ciudad de México, que se había suicidado. Las autoridades, que finalmente determinaron que la muerte se trató de feminicidio, tardaron dos años en disculparse.
Más de 5 mil 600 mujeres fueron asesinadas en México en los primeros nueve meses de este año, según datos oficiales, un promedio de 20 por día.
La mitad de los casos corresponden a presunto “homicidio culposo” y poco más de un tercio se debió a “homicidio doloso”. El 12% son presuntos feminicidios, el asesinato de una mujer o niña por motivos de género, un cargo más grave que puede implicar hasta 70 años de cárcel.
El año pasado, el número de feminicidios aumentó, a pesar de que la cifra de asesinatos de hombres cayó levemente, según cifras oficiales. México continúa sumido en la violencia ligada a los grupos del crimen organizado, donde mayormente mueren hombres.
Las penas de cárcel por feminicidio suelen colaborar poco cuando los asesinatos no se reportan ni investigan adecuadamente, dijo a Reuters Melissa Fernández, investigadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México, que se especializa en violencia de género.
Datos oficiales de 2019 muestran que, de cada 100 mujeres asesinadas en México, sólo cuatro casos resultaron en sentencias.
La lucha contra el feminicidio, sostuvo Fernández, requiere abordar las lentas respuestas de los policías y garantizar que los efectivos sigan los protocolos ante presuntos asesinatos por motivos de género.
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“Los varones matan a mujeres. Es súper obvio, pero hay que decirlo, carajo, porque en un país así, evidentemente los varones matan dolosamente porque pueden”, expresó Fernández.
Marcha por la justicia
La abogada de derechos humanos Patricia Otamendi afirma que los casos parecen ser investigados selectivamente, por beneficios políticos o de otra clase.
“Si la familia (de Ariadna López) no hubiera insistido, hubiera parecido un accidente”, comentó. “Estamos enfrentando a autoridades negligentes que no quieren cumplir con la ley, que rechazan una violencia generalizada contra las mujeres.
La fiscal general de Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que las autoridades están cumpliendo su parte. “Estamos haciendo lo que nos toque. Reitero el llamado a todas las mujeres: téngannos confianza. Denuncien”.
Mientras se desafiaba el resultado de la autopsia de los forenses en Morelos, mujeres marcharon en la capital del país vestidas de púrpura, un símbolo mundial de la lucha por la igualdad de género, y colocaron girasoles sobre la polvorienta carretera donde encontraron a López.
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