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El anuncio de Donald Trump de su tercera candidatura a la presidencia de Estados Unidos no lo protegerá de las investigaciones criminales que tiene en su contra, lo que lo deja expuesto jurídica y políticamente mientras trata de obtener la candidatura republicana de 2024.
El Departamento de Justicia continúa realizando sus pesquisas. Y con las elecciones intermedias casi finalizadas y la campaña presidencial de 2024 a meses de comenzar en forma, los fiscales federales tienen mucho tiempo para continuar su trabajo.
“No creo que el departamento vaya a dudar como resultado de que Trump se nomine a sí mismo y se unja como el primer candidato en las elecciones de 2024″, dijo el exfiscal del Departamento de Justicia Michael Weinstein. “Sólo creo que lo verán como que está tratando de usar el sistema, tal y como lo ha hecho con éxito en los tribunales”, y están preparados para su “contragolpe”.
Trump ingresa a la contienda enfrentando investigaciones federales relacionadas con sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y sobre la retención de documentos confidenciales del gobierno en su finca de Florida, además de otra pesquisa en Georgia.
La investigación sobre la retención de los documentos en su residencia de Mar-a-Lago ha avanzado particularmente rápido, y este mes los fiscales concedieron inmunidad a un cercano aliado de Trump para asegurar su testimonio ante un jurado investigador federal. Los abogados del Departamento de Justicia que participan en esa pesquisa dijeron que han reunido pruebas de posibles delitos que implican no sólo la obstrucción, sino también la retención deliberada de información de defensa nacional.
El actual secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo a mediados de año en respuesta a las preguntas sobre la investigación a Trump y del asalto al Capitolio del 6 de enero que “nadie está por encima de la ley”. En julio, cuando le preguntaron en una entrevista televisiva cómo una potencial candidatura de Trump podría afectar al departamento, Garland respondió: “Haremos rendir cuentas a cualquiera que sea penalmente responsable de intentar interferir con la transferencia —legítima y legal— del poder de un gobierno a otro”.
Investigar a cualquier funcionario electo, o candidato a un cargo, casi siempre invita a la especulación política. El protocolo del Departamento de Justicia advierte a los fiscales que no deben emprender acciones abiertas en el periodo previo a las elecciones, pero se trata más de una convención estándar que de una regla rígida. Y la contienda presidencial de 2024 está a dos años de distancia.
Aun así, no es fácil investigar a un expresidente o a un candidato actual. Eso es especialmente cierto en el caso de Trump, que pasó su presidencia atacando a su propio Departamento de Justicia y criticando a los fiscales generales que él mismo había nombrado. Ya arremetió contra el FBI por allanar Mar-a-Lago en agosto, y utilizó el episodio para recaudar fondos de sus partidarios.
Ahora, con su candidatura oficial, él y sus partidarios tratarán de replantear la narrativa de la investigación como una persecución política por parte de un gobierno demócrata que le teme para 2024.
De hecho, un riesgo para los demócratas es que Trump —que durante su anuncio del martes se declaró “una víctima”— podría animar de nuevo a sus partidarios con ese argumento. Por otro lado, los resultados de las elecciones intermedias de la semana pasada indican que podría ser más vulnerable políticamente de lo que muchos pensaban.
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