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La fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, rechazó las teorías de conspiración sobre el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y confirmó que el agresor tenía como objetivo a la líder demócrata cuando irrumpió en la casa de la pareja en San Francisco y confrontó a Paul Pelosi.
Se espera que Jenkins anuncie formalmente los cargos contra David DePape, quien, de acuerdo con la policía, gritó ”¿Dónde está Nancy?” antes de golpear al hombre de 82 años con un martillo. El hombre de 42 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato, abuso cometido a un adulto mayor y otros cargos.
“Cuando el sospechoso irrumpió en la casa de Pelosi, de hecho estaba buscando a Nancy”, dijo Jenkins a los periodistas el domingo por la noche en San Francisco.
“La otra cosa es que queremos dejar en claro que sólo había dos personas en la casa en el momento en que llegó la policía, el señor Pelosi y el sospechoso. No había una tercera persona presente”, subrayó. “No tenemos nada que sugiera que estos dos hombres se conocían antes de este incidente”.
La fiscal de distrito hace sus declaraciones al tiempo que la agresión es objeto de burlas y es desestimada en redes sociales conservadoras y de ultraderecha, incluso entre algunos líderes republicanos y aquellos en los niveles más altos del poder social. El jefe de policía de San Francisco también considera que el ataque fue dirigido.
Durante el fin de semana, Elon Musk tuiteó, y luego eliminó, una teoría conspirativa sobre el hecho y su compra de Twitter ha generado preocupaciones en que la plataforma ya no limitará la desinformación y el discurso de odio.
En el clima político tóxico, una semana antes de las elecciones intermedias, las tensiones son altas con amenazas de seguridad récord contra legisladores y otros funcionarios.
Paul Pelosi permanece hospitalizado en San Francisco luego de someterse a una cirugía por fractura de cráneo y otras lesiones. Nancy Pelosi, que estaba en Washington en ese momento, regresó inmediatamente a California. A diferencia de los presidentes, los líderes del Congreso tienen protección de seguridad para ellos, pero no para sus familias.
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