AP.
Padres de familia que entablaron demandas tras haber sido separados de sus hijos en la frontera entre Estados Unidos y México están rechazando un intento del Departamento de Justicia de requerir evaluaciones psicológicas adicionales para medir qué tanto los traumatizó la política migratoria estadounidense, según muestran documentos judiciales.
El efecto de la política del gobierno del expresidente Donald Trump ha sido bien documentado, y es injusto exigir que los padres se sometan a otra ronda de pruebas ahora, argumentaron abogados en documentos presentados el jueves ante la corte.
Una mujer declaró que se puso a llorar cuando fue separada de su hija de 7 años durante lo que a fin de cuentas fueron más de dos meses, señalan documentos judiciales. Miles de niños fueron separados de sus padres; algunos aún no regresan con ellos.
Los migrantes que exigen una compensación ya se han sometido a otras evaluaciones, pero el Departamento de Justicia indicó el mes pasado que es necesario que un experto seleccionado por el gobierno realice pruebas, ya que los padres alegan padecer afectaciones mentales y emocionales permanentes.
Las evaluaciones psicológicas de ambas partes son un proceso de rutina en acusaciones de daños emocionales, pero los abogados de los padres dicen que el gobierno ha alargado el proceso, y señalan que las pruebas traerían consigo dificultades emocionales y logísticas, incluyendo faltas al trabajo y tener que contratar a cuidadores de niños a pesar de que los padres reciben salarios bajos.
Los efectos de las separaciones familiares han sido explorados exhaustivamente, incluso por parte de investigadores gubernamentales, que hallaron que los niños separados de sus padres mostraban más miedo, sentimientos de abandono y síntomas de estrés postraumático. El presidente Joe Biden dijo durante su campaña que las políticas eran “indignantes, un fracaso moral y una mancha en nuestro carácter nacional”.
Trump suspendió la práctica en junio de 2018 en medio de críticas generalizadas, apenas días antes de que un juez ordenara se pusiera fin al programa en repuesta a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles.
.
