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El mecanismo extraordinario creado en México para superar el rezago en materia de identificación forense en un país con más de 100.000 desaparecidos y 52.000 restos sin nombre arrancó en tres estados del país y en uno de ellos, San Luis Potosí, podría llegarse a las primeras identificaciones a finales de año o principios de 2023.
Así lo indicaron el lunes integrantes del equipo multinacional y multidisciplinario en conferencia de prensa en la que recordaron que su trabajo será lento, a largo plazo y que nunca contará con todos los recursos suficientes pero que, aún así, supone una esperanza para las familias porque cada identificación implicará una persona desaparecida menos.
Como ejemplo, Yadira Reyna, especialista en antropología y arqueología forense, recordó que a 20 años de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 40% de las 3.000 víctimas que hubo siguen sin estar identificadas.
En México, la mala manipulación de los cadáveres, la corrupción y la impunidad imperante así como la incineración o disolución clandestina de los restos por parte del crimen organizado, unido al hecho de que las desapariciones sigan ocurriendo, han complicado todos los esfuerzos de identificación, como puso de relieve Naciones Unidas este mismo año.
En el caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 en el sur del país, sólo tres jóvenes han sido identificados.
San Luis Potosí es un estado del centro-norte de México con 720 desaparecidos, según cifras federales, y donde el mecanismo ha contabilizado 613 fallecidos no identificados, dijo el médico forense colombiano Jairo Vivas, miembro del equipo.
Ahí ya se han realizado los acuerdos imprescindibles con las autoridades locales (la primera fase del trabajo), se han analizado o revisado los peritajes del 30% de los restos (la fase 2) y en los próximos meses se harán los estudios genéticos (fase 3), se recabará la información de los familiares de los desaparecidos (fase 4) y que luego se confrontarán los datos (fase 5), antes de poder entregar los restos confirmados a las familias (fase 6).
Este trabajo es el que se irá replicando poco a poco en otros estados por regiones. Ya comenzó también en Tamaulipas, la esquina noreste de México, y Zacatecas, en el centro-norte, ambos fronterizos con San Luis Potosi y con altos niveles de violencia.
Vivas lanzó un llamamiento a la paciencia porque según él van a pasar años hasta tener resultados en todo el país. “¿Cuántos? Muchos años, ni siquiera se puede dar una cifra”, dijo. “¿Se van a lograr identificar todos los cuerpos? Es probable que no”.
Pero lo más importante, agregó, es que se avance hacia nuevas rutinas para que lo extraordinario que implica el actual mecanismo ”se vuelva el día a día” en las prácticas forenses mexicanas, y se diseñe “un plan nacional de identificación forense sostenible a largo plazo” donde se coordinen y se sumen todos los esfuerzos actuales en la matera sin duplicarse.
El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense fue creado por el actual gobierno mexicano en 2021 para dar respuesta a una exigencia de años de las familias de los desaparecidos y también de organizaciones como la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Pero como recordó Virginia Garay, representante de las familias en el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda, ahora el Ejecutivo mexicano tiene que cumplir su promesa de no escatimar recursos y consideró al respecto que deberían asignarse 25 millones de dólares para poder ponerlo en marcha en todo el país ya que solo el esfuerzo en San Luis Potosí ha supuesto una inversión de medio millón.
El Mecanismo intentará gestionar también donaciones internacionales y coordinarse con el Banco Nacional de Datos Forenses que el gobierno confia empiece a funcionar en los próximos meses.
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