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El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el miércoles nuevas órdenes que serán implementadas en la frontera de Estados Unidos con México y prometió que habrá más, mientras exfuncionarios del gobierno de Donald Trump lo presionan para que declare una “invasión” y otorgue a los policías estatales y a los miembros de la Guardia Nacional la autoridad para expulsar a los migrantes.
El gobernador republicano no ha dicho si apoya ese concepto, el cual, según los expertos constitucionales, es jurídicamente dudoso, casi sin precedentes, y casi seguramente enfrentaría impugnaciones judiciales.
Pero por ahora, Abbott dijo que los policías estatales empezarían a detener e inspeccionar los vehículos comerciales que crucen la frontera, lo que reconoció reducirá “drásticamente” la velocidad del tránsito vehicular cerca de los puertos de entrada. También anunció que se ofrecería el servicio de autobuses fletados que lleven a los migrantes que así lo deseen a Washington D.C., en una indirecta al presidente Joe Biden y al Congreso, a quienes Abbott ha criticado por no tomar las medidas suficientes.
Abbott dijo que las inspecciones podrían llevarse a cabo en las autopistas de Texas y que cumplen con la ley. “Pero, por supuesto, siempre alguien interpone una demanda”, señaló.
Las nuevas directrices forman parte de las “medidas sin precedentes” que Abbott prometió en respuesta al retiro de una ordenanza de salud pública por parte del gobierno de Biden, que se tiene previsto expire en mayo y que ha limitado la cantidad de solicitantes de asilo para evitar la propagación del COVID-19. Cuando eso ocurra, se tiene previsto que más migrantes acudan a la frontera sur del país.
Las autoridades de Texas dijeron que iniciarían con una “mayor actividad militar” en la frontera e instalarían alambre de púas en algunos puntos bajos del río para disuadir a los migrantes de cruzar.
Las últimas órdenes llevan aún más lejos los límites de la multimillonaria misión de seguridad fronteriza de Texas que el gobernador republicano, que pretende reelegirse en noviembre, ha convertido en la piedra angular de su gobierno. Texas ya ha desplegado miles de policías y miembros de la Guardia Nacional, ha instalado una nueva barrera fronteriza y ha arrestado a miles de inmigrantes por cargos de invasión de propiedad privada.
Sin embargo, las medidas no van lo suficientemente lejos para algunos exfuncionarios del gobierno de Donald Trump, quienes quieren que Abbott otorgue a la policía estatal y a los miembros de la Guardia Nacional una autoridad que en Estados Unidos corresponde al gobierno federal.
Funcionarios de la Patrulla Fronteriza dicen haber elaborado planes para la llegada de hasta 18,000 migrantes a la frontera a diario una vez que en mayo sea levantada la medida sanitaria, conocida como Título 42. La semana pasada el promedio era de unos 7,100 migrantes por día.
Pero desde el punto de vista de los exfuncionarios de Trump, Texas y Arizona podrían hacerse cargo de las responsabilidades migratorias del gobierno federal una vez que esta política llegue a su fin. Su plan se basa en una interpretación inédita de la Constitución de Estados Unidos para que la Guardia Nacional o la policía estatal devuelvan por la fuerza a los migrantes a México, independientemente de lo que digan las leyes de inmigración y los procedimientos policiales establecidos. En Estados Unidos, la aplicación de las leyes en la frontera siempre ha sido una responsabilidad federal, y en Texas las autoridades estatales no han estado presionando para que eso cambie.
Tom Homan, quien fue director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en la presidencia de Trump, reveló en una conferencia en San Antonio sobre seguridad fronteriza la semana pasada que había hablado con Abbott sobre el tema.
“Hemos tenido consultas con sus abogados en su oficina: ‘¿Hay alguna manera de usar esta cláusula —dentro del marco constitucional— donde habla acerca de una invasión?’”, declaró Homan durante la Exposición de Seguridad Fronteriza.
Homan dijo que esas conversaciones se llevaron a cabo hace unos tres meses, y el martes indicó que la oficina del gobernador de Texas “no se comprometió a nada, pero estuvo dispuesta a escuchar”.
En Arizona, el gobernador republicano Doug Ducey también ha estado bajo presión dentro de su partido para que declare que el estado está siendo invadido y utilice poderes extraordinarios que normalmente sólo se aplican en tiempo de guerra. Pero Ducey, cuyo mandato se acerca a su fin y no está en la papeleta para 2022, no ha acogido la teoría y ha evitado comentar directamente sobre ella.
El motor de la iniciativa de la derecha es el Centro para la Renovación de Estados Unidos, un centro de investigación de política conservadora encabezado por exfuncionarios del gobierno de Trump. Incluye a Ken Cuccinelli, partidario de aplicar políticas estrictas para controlar la inmigración y exfuncionario de Seguridad Nacional de Trump. Argumentó que los estados tienen derecho a defenderse de un peligro inmediato o de una invasión, según se define en la “cláusula de invasión”, bajo la “cláusula de autodefensa de los estados”.
Cuccinelli señaló que, en la práctica, cree que el plan será similar a la implementación del Título 42, que eludía las obligaciones de Estados Unidos bajo la ley estadounidense y el tratado internacional para proporcionar asilo. Dijo que no ha hablado con Abbott, y señaló que la actual misión fronteriza del gobernador, conocida como Operación Estrella Solitaria, no ha tenido mucho efecto en reducir el número de personas que cruzan la frontera. La misión también ha suscitado críticas de los miembros de la Guardia Nacional por el largo tiempo que están emplazados y la poca actividad que tienen, y algunos arrestos aparentemente no han estado vinculados con la seguridad fronteriza.
“En tanto no regreses a la gente a México, lo que estás haciendo no tendrá ningún efecto”, señaló Cuccinelli.
Emily Berman, que enseña derecho constitucional en la Universidad de Houston, dijo que la “cláusula de invasión” mencionada por los que la proponen está incluida en una garantía constitucional más amplia de que Estados Unidos debe defender a los estados de la invasión y la violencia interna. Además, explicó, la “cláusula de autodefensa estatal” estipula que los estados no pueden participar en acciones bélicas ni en política exterior a menos que sean invadidos.
Berman dijo que no ha visto que se utilicen esas cláusulas constitucionales desde la década de 1990, cuando las cortes dictaminaron que no tenían jurisdicción para decidir qué podía ser considerado una invasión, pero que creían que sólo otra entidad gubernamental podía efectuar una.
Por ejemplo, señaló Berman, la invasión de Ucrania por parte de Rusia puede ser calificada como tal debido a que es un gobierno externo que viola las fronteras de otro país con el uso de la fuerza militar.
“Sólo porque el estado dice que es una invasión no la convierte necesariamente en tal”, dijo Berman, y añadió que los funcionarios estatales pueden hacer cumplir las leyes de los estados, pero que, a fin de cuentas, el asunto se define por lo que permite la ley federal.
El representante federal Henry Cuellar, un demócrata cuyo distrito incluye la frontera de Texas, ha criticado al gobierno del presidente Joe Biden por la seguridad fronteriza y el fin del Título 42. Sin embargo, no respalda que los estados intenten utilizar nuevos poderes que les permitirían “hacer lo que quieran”.
“Creo que debería ser más una asociación, en lugar de decir: ‘Gobierno federal, no creemos que estés haciendo lo suficiente, y ¿por qué no procedemos y nos encargamos de nuestra propia seguridad fronteriza?’”, declaró.
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