La Corte Suprema de Estados Unidos frenó el jueves la intención del gobierno de Joe Biden de implementar de manera obligatoria la vacuna contra el COVID-19 o las pruebas semanales y el uso de mascarillas en el lugar de trabajo para los empleados de empresas grandes.
Al mismo tiempo, la corte autorizó que el gobierno proceda con el mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores sanitarios en Estados Unidos.
Las órdenes de la corte, durante un incremento de los casos de coronavirus, fueron un resultado mixto en los esfuerzos del gobierno por impulsar la tasa de vacunación entre la población estadounidense.
La mayoría conservadora de la corte concluyó que el gobierno federal sobrepasó su autoridad al buscar imponer la regla de vacuna o prueba de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés). para empresas con al menos 100 empleados. Más de 80 millones de personas habrían sido afectadas.
“La OSHA nunca antes ha impuesto un mandato tal. Tampoco el Congreso. De hecho, si bien el Congreso ha promulgado una ley significante que aborda la pandemia de COVID–19, se ha negado a promulgar cualquier medida similar a la que la OSHA ha promulgado aquí”, escribieron los conservadores en una opinión sin firmar.
En discrepancia, los tres liberales de la corte argumentaron que era la corte la que estaba extralimitándose al sustituir sus juicios por los de expertos sanitarios.
“Al actuar fuera de su competencia y sin bases legales, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios del gobierno que recibieron la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el lugar de trabajo”, escribieron los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor en una disconformidad en conjunto.
La orden de vacunación que la corte permitirá que sea establecida en todo el país abarca prácticamente a todos los trabajadores sanitarios de Estados Unidos.
Más de 208 millones de estadounidenses, 62,7% de la población, se encuentran vacunados en su totalidad, y más de una tercera parte de ellos ha recibido inyecciones de refuerzo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). Los nueve jueces se han aplicado la dosis de refuerzo.
Es así como un juez de Estados Unidos en Texas emitió una orden judicial a nivel nacional este viernes que prohíbe que el gobierno federal haga cumplir el requisito del presidente Joe Biden de que los trabajadores federales sin exenciones médicas o religiosas calificadas se vacunen contra COVID-19.
El juez Jeffrey Brown, quien fue designado para el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas por el entonces presidente Donald Trump, dictaminó que era probable que los opositores al mandato de vacunación de Biden para los empleados federales tuvieran éxito en el juicio y bloqueó que el gobierno hiciera cumplir el requisito.
Biden anunció en septiembre que más de 3,5 millones de trabajadores federales debían someterse a la vacunación, sin opción de hacerse la prueba regularmente, a menos que obtuvieran exenciones médicas o religiosas aprobadas. El requisito entró en vigor en noviembre pasado y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que el 98% de los trabajadores federales están vacunados.
“Confiamos en nuestra autoridad legal aquí”, agregó.
Aquellos que no cumplieron con la política fueron remitidos a asesoramiento y podrían ser despedidos en virtud de una orden ejecutiva firmada por Biden.
Brown escribió que la cuestión era si el presidente “puede, de un plumazo y sin el aporte del Congreso, exigir que millones de empleados federales se sometan a un procedimiento médico como condición para su empleo”. Agregó: “Eso, según el estado actual de la ley, como lo expresó recientemente la Corte Suprema, es un puente demasiado lejos”.
El Departamento de Justicia dijo que apelaría el fallo.
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