Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que entregó 404 millones de pesos a un grupo de legisladores y a un partido político para concretar, en los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales.
Durante los primeros tres años de la pasada administración se impulsó en el Congreso de la Unión la aprobación de las reformas laboral, de competencia económica, en telecomunicaciones, financiera, hacendaria, político-electoral, educativa, de seguridad social, energética, de transparencia y de procedimientos penales.
Estas reformas formaron parte del Pacto por México, acuerdo político-legislativo que con el respaldo del PRI, PAN y PRD soportó el proyecto de nación de Peña Nieto, que contemplaba 95 compromisos que partían de la aprobación de las reformas estructurales.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el exdirector de Pemex señaló en la denuncia de hechos que Peña Nieto y Videgaray Caso le ordenaron entregar 120 millones de pesos a cinco senadores y un diputado, cuyos nombres dio pero quedaron en reserva porque están siendo investigados.
Dijo que ambos políticos mexiquenses le dieron instrucciones para que otorgara 84 millones de pesos a varios legisladores, “que son semejantes los nombres a los anteriores”, y a un secretario de finanzas de un partido político, a quien después se le entregaron más de 200 millones de pesos para dirigirlos a las reformas estructurales.
Entre los acuerdos que impulsó el Pacto por México a la par de las reformas estructurales destacan pensión universal para adultos mayores de 65 años, seguro de desempleo, seguro para jefas de familia, recursos para la cruzada nacional contra el hambre, autonomía de escuelas, escuelas de tiempo completo y computadoras portátiles para alumnos de sexto grado de primaria.
En derechos humanos se impulsaron las leyes de reparación de daños y de Atención a Víctimas, así como crear una red troncal de telecomunicaciones, fortalecimiento de la Cofetel, competencia en telefonía celular y datos, entre otras.
En ese momento, la dirigencia nacional del PAN señaló que quien acusa está obligado a probar.
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