LOS ÁNGELES.— El número de arrestos por delitos graves relacionados con marihuana en California siguió a la baja en 2019 tras su legalización, pero otra tendencia se mantuvo sin cambios: el desproporcionado porcentaje de esas detenciones son hispanos y afroestadounidenses, de acuerdo con datos estatales.
El Departamento de Justicia de California publicó hace unas semanas un resumen anual de las tasas de delincuencia en el estado más poblado de Estados Unidos. Indicó que se realizaron 1.181 arrestos por delitos relacionados con el cannabis el año pasado, menos de los 1.617 de 2018, el primer año de la legalización generalizada. Eso representa una disminución del 27%.
De acuerdo con un desglose de los datos demográficos, los hispanos representaron casi 42% de esas detenciones, seguidos por los afroestadounidenses con 22%, y los blancos con 21%. Otros grupos representaron el resto.
El número total de arrestos disminuyó el año pasado, pero “el acoso subió”, dijo Donnie Anderson, cofundador del grupo de comercio del cannabis California Minority Alliance, en un correo electrónico.
Ellen Komp, subdirectora de la rama de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana (NORML por sus siglas en inglés) en California, dijo el jueves que las cifras demuestran la dificultad que han enfrentado muchos hispanos y afroestadounidenses para ingresar al mercado legal, que viene con altos costos de inversión, impuestos y pagos reglamentarios.
El porcentaje de detenciones de afroestadounidenses e hispanos “es inquietante, sobre todo ahora que la hemos legalizado”, dijo Komp. “Es legal si tienes el capital de riesgo para abrir una tienda bien ubicada”.
El reporte no incluyó un desglose de los cargos, pero podrían incluir violaciones como el cultivo sin licencia y la venta de marihuana, o venta a un menor de edad.
Las detenciones por delitos menores de marihuana disminuyeron ligeramente en 2019: Totalizaron 3.769 respecto a los 3.835 de 2018, dijo NORML.
California permitió la legalización generalizada de la marihuana en enero de 2018, luego de que los votantes aprobaron la medida en 2016.
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