Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia propuso a sus colegas confirmar la prohibición absoluta para el consumo de la cocaína, y negar amparos que buscan aprovechar los argumentos que la propia Corte utilizó para permitir el uso recreativo de la mariguana.
La Primera Sala de la Corte discutirá el 24 de junio dos proyectos del Ministro Jorge Pardo, quien rechaza que la tolerancia para la mariguana pueda extenderse a una droga “dura” mucho más adictiva y peligrosa para la salud.
“Atendiendo a los elevados riesgos que la cocaína representa para la salud y la sociedad, no es posible partir del hecho de que sólo porque este Alto Tribunal garantizó el uso recreativo del cannabis, deberá en consecuencia asegurar en similares condiciones el acceso a drogas más duras, peligrosas y altamente adictivas como la cocaína”, afirman los proyectos.
En uno de los casos, se confirma la negativa de amparo que dictó un juez federal, mientras que otro revoca una sentencia en la que el juez consideró que no todo consumidor es farmacodependiente, y que es posible un consumo moderado de esta droga.
De los cinco Ministros de la Sala, Norma Piña y Alfredo Gutiérrez votaron en favor de declarar inconstitucional la prohibición absoluta de consumo de marihuana, prevista en la Ley General de Salud (LGS), mientras que Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat no se han pronunciado.
Pardo Rebolledo fue el único disidente en los amparos en favor del cannabis, pero solo por considerar que no es posible el acceso legal a las semillas para cultivo.
El libre desarrollo de la personalidad, un derecho humano que la Corte ha ido configurando sin que esté expresamente previsto en la Constitución, fue la base para los amparos sobre mariguana.
Si la mayoría rechaza los proyectos de Pardo y autoriza la cocaína con uso recreativo, la Corte difícilmente tendría argumentos para negarlo para otras drogas aún más peligrosas, como la heroína.
Los proyectos retoman múltiples estudios sobre los efectos dañinos de la cocaína en la salud y personalidad de los consumidores, así como su correlación con conductas criminales.
“Si bien no existen reportes de adolescentes o adultos que hayan muerto por una sobredosis de marihuana, no hay duda de que, en el caso de la cocaína, es posible la muerte derivada de una sobredosis intencional o incluso accidental”, afirman.
“De forma opuesta a la marihuana, en donde se estableció que su consumo no induce a la comisión de delitos violentos, sino todo lo contrario, dado que la misma inhibe los impulsos de agresión del usuario; en el caso de la cocaína, no es posible sostener la misma afirmación, pues dicha sustancia provoca agresividad, enojo y ansiedad, esto es, estados de ánimo en los que es más susceptible incurrir en la comisión de algún delito”, agregan.
También descartan que sea posible predecir un consumo moderado o controlado, o que se puedan hacer comparaciones con los regímenes regulatorios del alcohol o el tabaco, a grado tal que se pueda obligar a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) expedir permisos a usuarios privados, como en el caso de la mariguana.
Pardo también destaca el problema para acceder al narcótico, pues la hoja de coca se cultiva básicamente en Sudamérica, y la cocaína resulta de procesos químicos que derivan en productos de muy variada calidad y pureza.
“No podría obligarse al Estado Mexicano a invertir en la generación y supervisión de toda una cadena de producción o incluso de importación de cocaína de buena calidad, sólo para asegurar que las personas interesadas, puedan hacer uso recreativo de dicha sustancia, sin dejar de lado su peligrosidad y los altos riesgos que la misma representa para la salud y para el orden público”, sostiene.
Cabe aclarar que, en este tipo de amparos contra la LGS, la Corte no se pronuncia sobre la penalización del tráfico de drogas ni otros temas de política criminal, sino sólo sobre la prohibición administrativa para el consumo.
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