Bruselas.
La “cruzada” contra la corrupción declarada por el presidente Andrés Manuel quedó en mero discurso, asegura un estudio elaborado por la firma londinense Control Risks y la organización Sociedad de las Américas/ Consejo de las Américas (AS/COA).
El documento sostiene que la habilidad de detectar, castigar y prevenir actos corruptos prácticamente no ha registrado ningún cambio en lo que va de la autoproclamada Cuarta Transformación.
En el índice 2020 sobre las capacidades de los Estados de América Latina para combatir la corrupción, México saca peores notas que en la edición 2019. El país registra una calicación de 4.55 puntos en una escala de 10, por debajo de las 4.65 unidades registradas el año anterior.
México aparece en el octavo peldaño de una lista de 15 Estados latinoamericanos, que en conjunto suman 95% del PIB de la región. El mejor ubicado es Uruguay, con un resultado de 7.78, y el peor es Venezuela con 1.52.
De las 14 disciplinas analizadas en los rubros de capacidad legal, institucional y fortalecimiento de la sociedad civil, en nueve México está por debajo de la media latinoamericana. La mejor nota tiene que ver con la variante correspondiente a la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mientras que las peores calicaciones son en procedimiento legal y la independencia de la Oficina de la Fiscalía para investigar.
Los datos que conforman el índice proceden, entre otros, de instancias como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la Unesco. El análisis dedicado a México indica que son diversos los factores que explican la parálisis: “Uno de los más importantes es la falta de avance en las reformas institucionales a largo plazo. AMLO ha basado principalmente su campaña anticorrupción en torno a su capacidad personal para erradicar el problema”.
El presidente además ha ignorado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aumentado el uso discrecional del gasto público y ha desestimado los controles para mejorar la gobernabilidad, “entre otras tendencias preocupantes”, continúa.
El documento indica que la campaña anticorrupción emprendida en los últimos dos años por la sociedad civil ha perdido fuerza, en parte, por los ataques de AMLO a las ONG y porque exitosamente se ha apropiado de la causa. El informe recomienda seguir los procesos en curso contra antiguos funcionarios, como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y las eventuales consecuencias políticas.
Indica que el paso hacia el sistema penal acusatorio en México podría conducir a importantes cambios en la aplicación de la ley contra la corrupción. Alerta que el aumento del uso discrecional del gasto público, la decisión de seguir con los proyectos “estelares” de infraestructura y el desvío de recursos para combatir el coronavirus “pueden elevar los riesgos de corrupción”.
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