CIUDAD DE MÉXICO.
El 30 de abril Juan de la Rosa terminó su turno en la sede de la SEP, el histórico inmueble de cantera y mármol donde hacía dos años limpiaba y pulía pisos. Ese día el supervisor le informó que se quedaba sin trabajo.
“De la noche a la mañana –relata De la Rosa– me dicen que se acabó el trabajo, que había salido el decreto de reducir las compras y servicios, por eso ya no iban a requerir de mí y, por lo que sé, de muchísima gente”.
Con un sueldo de 3 mil 500 pesos mensuales, Juan de la Rosa viajaba diario dos horas desde El Coyote, Nezahualcóyotl, para estar puntual a las 7:00 horas en la SEP, con la misión de recibir a la burocracia con instalaciones impecables, lo mismo que todos los empleados de la empresa Gott und Glück, una de las 22 contratistas que prestan servicios de limpieza en oficinas públicas y fueron afectadas por el recorte en sus contratos para este año.
De la Rosa, de 54 años y padre de una estudiante de la UNAM, es uno de los 60 mil trabajadores que el 30 de abril se quedaron desempleados por las medidas de austeridad sólo en la Ciudad de México y el área metropolitana, de acuerdo con los registros de la Unión Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UITEL).
El pasado 5 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizaría un ajuste del gasto operativo gubernamental, una profundización de la llamada “política de austeridad republicana”, como una de las medidas para enfrentar la crisis económica resultante de la pandemia de coronavirus. El “ahorro” anunciado por el mandatario serviría para canalizar recursos al sector salud, así como a los programas de ayudas sociales en efectivo, en las que el plan presidencial centra la reactivación económica bajo la idea de “primero los pobres“, su viejo eslogan de campaña.
Días después, las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda emitieron sendos oficios instruyendo la suspensión de contrataciones con el objetivo de reducir 50% del gasto operativo, aunque mantenían la previsión de exceptuar el “gasto comprometido”, es decir aquel que, sin haberse ejecutado, está ya asignado en contratos (Proceso 2269).
Sin embargo, el decreto presidencial del 23 de abril resultó más radical: con la idea de “ahorrar” 622 mil 556 millones de pesos se dispuso una reducción de 75% en el gasto operativo, es decir, en los recursos para adquirir bienes y contratar servicios. El gobierno añadió que la medida se aplicaría también respecto al gasto “supuestamente comprometido”. Así, los contratos signados quedaron en un “supuesto” y las cancelaciones se empezaron a ejecutar. El objetivo: cerrar la mitad de las operaciones gubernamentales para el resto del año, excepto aquellas implementadas en la actual administración.
La circular emitida por la SFP desde el 8 de abril advertía que si no se aplicaban las medidas mencionadas, los servidores públicos quedarían sujetos a procesos administrativos sancionatorios. Tras la emisión del decreto presidencial del 23 de abril, su cumplimiento se inició a rajatabla.
Proceso tiene copia de oficios girados por las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) de varias dependencias y entidades federales que ya desde el 27 de abril emitieron dictámenes técnicos para justificar normativamente la modificación de los contratos que empezó a notificarse el día 28.
Por ejemplo, mediante el oficio 5.3-327, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a Rapax SA de CV la disminución en 75% de su contrato para dar servicio de limpieza a la dependencia.
El 30 de abril, con el oficio SA/DS/DL/082/2020 emitido por la UAF de la SEP, se notificó la reducción de su contrato en el mismo porcentaje a Gott und Glück, la empresa para la que trabaja Juan de la Rosa.
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