Ciudad de México.
El gobierno federal está batallando para colocar los 2 millones de créditos a la palabra de 25 mil pesos que, hasta ahora, son la única acción de apoyo con recursos del erario específicamente creada para enfrentar la pandemia por Covid-19.
De los 2 millones de créditos ofrecidos a microempresarios, hasta ayer sólo se habían recibido 316 mil 88 solicitudes.
Incluso, la Secretaría de Economía (SE) modificó ayer por tercera vez las reglas del programa, para incluir entre los posibles beneficiarios a 22 mil 300 trabajadoras domésticas y a 23 mil 717 trabajadores independientes afiliados al IMSS.
Graciela Márquez, titular de la SE, afirmó el 9 de mayo que se busca dispersar los 50 mil millones de pesos a lo largo de este mes. Pero hasta ayer no había interés masivo de posibles beneficiarios, en particular pequeñas empresas formales que no estaban en el Censo del Bienestar del gobierno.
El IMSS reportó ayer que ha recibido 153 mil 316 solicitudes en la modalidad “apoyo solidario a la palabra”, que en las reglas originales del 24 de abril, estaba dirigido a “micronegocios registrados ante el IMSS que no hubieran reducido personal ni salarios en 2020”.
La otra modalidad es “microempresa familiar” para formales e informales, a cargo de la SE, que ayer reportó haber dispersado 162 mil 772 créditos con preferencia a miembros del Censo del Bienestar, que ya reciben fondos de programas sociales.
El total entre ambas modalidades, 316 mil 88, es 15.8 por ciento de los 2 millones de créditos, y equivale a 7 mil 902 millones de pesos, asumiendo que el IMSS apruebe todas las solicitudes, pues hasta ayer solo había entregado 132 mil créditos.
CUMPLEN REQUISITOS
El IMSS sostiene que hay 645 mil empresas que cumplen los requisitos, y este martes envió 446 mil correos electrónicos para ofrecerles los 25 mil pesos, tal como hace la banca comercial para vender créditos personales, de nómina o hipotecarios a sus clientes.
La SE, por su parte, anunció el 8 de mayo que ya había un millón de “microempresarios” identificados como posibles beneficiarios basados en el Censo del Bienestar, es decir, personas que ya tienen cuentas para recibir dinero del Gobierno.
Las reglas fueron reformadas el 27 de abril, para incluir a “empresas solidarias del sector formal” –ya no solo micronegocios–, que son “aquellas que, al 15 de abril de 2020, conservaron el promedio de su plantilla laboral del primer trimestre”.
.
