C on el argumento de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno federal afectará inversiones en energías limpias de hasta 9 mil millones de dólares, los cuales están hoy destinados a proyectos renovables como centrales de energía eólica y solar.
Los más afectados serán los 14 proyectos que faltan por entrar en operación de la tercera subasta de energía eléctrica, que data de 2017, cuya inversión fue por mil 841 millones de dólares y donde el precio promedio de la energía solar ofrecido fue 20.57 dólares por megawatt-hora, el más bajo a nivel mundial.
Con la medida del Cenace, se va a privilegiar la entrada en operación de otras centrales de CFE, entre las cuales algunas utilizan combustóleo y son altamente contaminantes.
SIN CFE, ENERGÍAS LIMPIAS NO FUNCIONAN
Sin la “maquinaria y poder” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la generación de electricidad mediante fuentes limpias no funcionaría debido a su intermitencia, declaró el director general de la empresa estatal, Manuel Bartlett.
“La energía es la fuente de satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, es un elemento fundamental de la soberanía nacional, y es por ello que la energía de un país debe estar en manos de los nacionales”, dijo Bartlett Díaz
El director de ingeniería y proyectos de infraestructura de la compañía estatal, César Fuentes Estada, agregó que aunque “hay muchos parques eólicos y muchos parques fotovoltaicos que funcionan cuando hay viento y cuando hay sol (…) es la CFE quien tiene la responsabilidad de que siga habiendo energía aun cuando no haya viento, aun cuando haya sol”.
DETRÁS DE LA MEDIDA GUBERNAMENTAL
Claudio Rodríguez, socio de Práctica de Energía de Thompson & Knight, comentó que detrás de la medida gubernamental está privilegiar el combustóleo de Pemex al que no se le puede dar salida. Otros expertos coinciden en que Pemex tiene que deshacerse del combustóleo que producen a borbotones sus refinerías.
Y es que por cada barril de refinados que produce Pemex, 26 por ciento es combustóleo. En las condiciones actuales de mercado, la petrolera no puede venderlo en Asia, como sucedía antes
Por ejemplo, en el primer trimestre, Pemex apenas colocó el 43 por ciento del combustóleo que produjo.
Inclusive, especialistas han advertido que, de acabarse el espacio de almacenamiento para el combustóleo, una refinería podría hasta tener que parar operaciones.
En la tercera subasta se adjudicaron proyectos con capacidad conjunta por 2 mil 12 megawatts, de los cuales mil 323 MW son solares y 689 MW eólicos y tendrían que realizar pruebas para comenzar a operar.
Al cierre de la semana pasada, el Cenace publicó un Acuerdo bajo el cual restringe la entrada en operación de nuevas centrales renovables, bajo la argumento de dar mayor seguridad y confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional enmedio de la emergencia sanitaria.
El Acuerdo afecta a unos 20 proyectos, sobre todo de la tercera subasta y otros privados, agregó Julio Valle, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica.
“Es una medida más de eliminar la competencia, de favorecer a un solo participante de mercado y de perjudicar las tecnologías limpias, pero usando de pretexto el tema del coronavirus sin ninguna razón técnica, jurídica ni sanitaria”, precisó Valle.
ACUSA PRI FRENO
INTENCIONAL A IP
Diputados del Partido Revolucionario Institucional acusaron al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar intencionalmente la inversión privada en energía.
Urgieron a que se cancele el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado el 29 de abril y emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Aseguraron que el Cenace, con tal acuerdo, invade facultades de la Comisión Reguladora de Energía.
En una propuesta de acuerdo que presentaron los diputados del PRI para la Comisión Permanente, advirtieron que ese acuerdo ha prendido las alarmas en el sector privado.
“Atenta contra la generación de energías renovables y las inversiones que se están realizando en este sector”, advierten.
“Los acuerdos tomados por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) demuestran que el objetivo de la actual Administración es frenar la generación de energías renovables, detener la inversión privada en el sector eléctrico, con la finalidad de aumentar la participación del combustóleo pesado de alto contenido de azufre en la generación de energía eléctrica”.
Los priistas exigieron que se respeten los derechos de los permisionarios de generación de energía mediante fuentes renovables, solar y eólica, así como de aquellos que se encuentran construyendo plantas de generación de dicha tecnología.
De lo contrario, alertaron, se podrían provocar litigios multimillonarios contra el Estado Mexicano que terminarían por pagar todos.
La diputada Dulce María Sauri y los diputados Enrique Ochoa y René Juárez, coordinador parlamentario, también demandaron evitar un trato discriminatorio a las centrales de generación de energía renovable.
Sin ellas, advirtieron, México no podrá cumplir con sus obligaciones legales e internacionales en materia de reducción de emisiones contaminantes y combate al cambio climático.
“Que no se apliquen medidas que deriven o favorezcan competencias desleales en el sector eléctrico, que generen incertidumbre en las inversiones relacionadas con las energías renovables, eólicas o solares, y/o limiten la generación de centrales renovables en operación”, expusieron.
Los legisladores del PRI pidieron que la Comisión Reguladora de Energía, en ejercicio de sus atribuciones y en su calidad de unidad de vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista, instruya al Cenace apegarse a lo establecido por la Ley de la Industria Eléctrica en materia de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad Operativa del Sistema Eléctrico Nacional.
Además, solicitaron instrumentar las medidas legales necesarias para evitar la invasión de facultades por parte del Cenace.
Demandaron la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que implemente las medidas necesarias para garantizar la libre concurrencia y competencia económica en el sector eléctrico, porque la generación de energía eléctrica no es una actividad reservada a la Nación.
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