EL CAIRO, Egipto.
Mientras el número de infectados por coronavirus seguía creciendo en el país, el gobierno egipcio estrechaba su control sobre la información en lugar de respetar la transparencia durante la crisis de salud pública, afirmó el grupo de derechos, con sede en Londres.
“Las autoridades egipcias han dejado muy claro que cualquiera que desafíe el mensaje oficial será duramente castigado”, dijo Philip Luther, director de Amnistía para Oriente Medio y Norte de África.
AI documentó 37 casos de periodistas detenidos en la creciente campaña del gobierno contra la libertad de prensa. Muchos fueron acusados de “propagar noticias falsas” o “uso indebido de medios sociales”, recurriendo a una amplia ley antiterrorista de 2015 que amplió la definición de terrorismo para incluir toda clase de disidencia.
Un responsable de prensa del gobierno egipcio no respondió a varias llamadas pidiendo comentarios, aunque en el pasado las autoridades han negado las violaciones de derechos y justificado las detenciones alegando motivos de seguridad nacional.
Desde que el general convertido en presidente Abdul Fatá el Sisi se hizo con el poder en 2013, la mayoría de los programas de televisión y periódicos del país han adoptado la línea del gobierno y evitado críticas, o de lo contrario han desaparecido. Muchos medios privados egipcios han sido adquiridos con discreción por compañías afines al servicio de inteligencia del país.
Pero ni siquiera un contenido a favor del gobierno bastó para 12 periodistas de medios estatales, que acabaron encarcelados por expresar distintas opiniones particulares en medios sociales, según el reporte.
Uno de ellos era Atef Hasballah, editor jefe del sitio web AlkararPress. El mes pasado cuestionó el conteo de casos de coronavirus publicado por el Ministerio de Salud en su página de Facebook. No tardó en acabar en una camioneta policial, detenido bajo sospecha de “unirse a una organización terrorista”.
La fiscalía pública egipcia advirtió en un comunicado reciente que los difusores de “noticias falsas” sobre el coronavirus podrían afrontar hasta cinco años de prisión y multas considerables. Al menos 12 personas fueron acusadas en la campaña asociada al COVID-19 por ahora, según AI.
Las autoridades bloquearon el mes pasado un sitio de noticias locales que cubría las demandas de activistas de que se libere a los presos políticos por temor a que el virus se extienda por las abarrotadas prisiones egipcias.
Egipto también expulsó a un corresponsal del diario The Guardian por un artículo sobre que la tasa de infecciones en el país podría ser mayor a la reportada oficialmente.
Los periodistas entrevistados por Amnistía reportaron una intervención cada vez más directa del estado en su trabajo. Muchos empleados en medios propiedad de las autoridades o afines al gobierno dijeron haber recibido instrucciones específicas por Whatsapp sobre qué cubrir y omitir. Por ejemplo, una directiva sobre cómo cubrir la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Oriente Medio pedía a los periodistas que no mencionaran que el plan violaba políticas establecidas en el mundo árabe, dado que Trump y El Sisi, han fomentado una relación estrecha entre sus países.
Los que no siguieron la línea oficial, por ejemplo de elogiar las condiciones en prisión o difamar a la oposición política, “perdieron sus empleos, fueron interrogadas o encarcelados”. El informe citó a un periodista que dijo “no puedo imaginar que alguien pueda negarse a obedecer”.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía instó a las autoridades egipcias a poner fin a la censura, el acoso y la intimidación de periodistas, así como a liberar a los detenidos “solo por hacer su trabajo”.
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