HOUSTON.
Esta solicitante de asilo de El Salvador y otras compañeras habían decido romper sus camisetas para cubrirse el rostro con ellas luego de que una mujer de su unidad dio positivo al COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus. Pero los guardas no le darían mascarillas hasta que firmasen el documento, que decía que no podrían exigir responsabilidades a la compañía penitencia privada que gestiona el centro de detención en San Diego si contraían el coronavirus, dijeron Elsy y otras dos detenidas, incluyendo una que leyó el texto a The Associated Press por teléfono.
Cuando se negaron el viernes, los guardas se llevaron las mascarillas, dijo Elsy, que habló con la condición de ocultar su apellido por temor a represalias.
Aunque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha empezado a reducir el número de detenidos para minimizar el riesgo de contagios, los que están retenidos en cárceles para migrantes y sus defensores dicen que no hay material de protección y limpieza suficiente, ni espacio para cumplir el distanciamiento social. Temen que el número de casos de coronavirus aumente drásticamente en las próximas semanas como ocurrió en las cárceles y prisiones de todo el país.
El Centro de Detención Otay Mesa, donde está Elsy, pasó de un caso confirmado la semana pasada a 12. En total, 72 detenidos en 12 estados han dado positivo al nuevo virus y cientos más están en cuarentena.
Detenidos en al menos cuatro estados contaron que se les negó el acceso a mascarillas, aunque hasta la Casa Blanca ha pedido utilizarlas en público.
CoreCivic, una empresa privada que opera Otay Mesa, negó que los detenidos no reciban material de protección a menos que firmen exenciones. Su vocera, Amanda Gilchrist, explicó el lunes que los presos reciben un “formulario de reconocimiento” que señala que una mascarilla por sí sola no puede protegerlos del virus.
“No era la intención del formulario anterior exigir a los detenidos que renunciaran a todos los derechos relacionados con el COVID-19″, señaló Gilchrist añadiendo que la empresa ha dejado de utilizarlos. “Los detenidos solo están obligados a presentar documentación inicial que acredite que se les entregó una mascarilla”.
Mientras las cárceles y prisiones liberan a algunos delincuentes no violentos, el ICE dijo que hasta ahora ha dejado libres a 160 personas e instruyó a los agentes sobre el terreno para que revisen los casos de personas de más de 60 años o con ciertos problemas de salud.
El número de migrantes detenidos por el ICE es ahora de 33.800, desde los alrededor de 37.000 de hace unas semanas. Aunque el gobierno de Donald Trump ha paralizado de facto la presentación de solicitudes de asilo durante la pandemia, sigue reteniendo a gente apresada meses o años antes por violaciones civiles, incluyendo más de 5.800 que pasaron los controles de asilo del gobierno.
Los críticos alegan que el ICE podría dejar libres a miles de personas que no están acusadas de delito alguno, que superaron los controles de asilo o que ganaron sus casos pero siguen retenidas mientras el gobierno apela.
“Los migrantes detenidos no tienen que estar en un centro de detención para estar monitoreados por el ICE”, señaló Margaret Cargioli, abogada gerente del Immigrant Defenders Law Center. “Esta pandemia solo puede gestionarse de forma adecuada si todos están sanos y en un ambiente seguro”.
Andrew Arthur, del Centro de Estudios de Inmigración, que está a favor de restringir la inmigración, alegó que los detenidos tienen acceso constante a atención médica y las empresas de prisiones y el ICE están interesadas en controlar la propagación del virus porque “quieren continuar con el negocio de la detención”.
Un problema clave es el acceso a unos equipos de protección que hasta los médicos han tenido problemas para conseguir. El ICE no respondió a las preguntas sobre las mascarillas.
“Los agentes tienen mascarillas y nosotros no”, afirmó una mujer detenida en el Montgomery Processing Center, al norte de Houston, en un video publicado por el grupo RAICES Action. En la misma grabación, otra mujer sostiene un cartel, en español, en el que dice que está embarazada y teme por la vida de su bebé.
En Luisiana, que se ha convertido en un importante foco de contagio y donde hay más de 6.000 migrantes detenidos en su mayoría en cárceles rurales, un solicitante de asilo contó que él y otros confinados en su unidad del penal Pine Prairie pidieron mascarillas y más material de limpieza. Más de 50 hombres duermen en literas.
“No tenemos ninguna distancia social entre nosotros”, dijo el detenido de Camerún, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Estamos viviendo por la gracia de dios”.
Cuatro prisiones para migrantes en Luisiana, incluyendo Pine Prairie, tienen casos confirmados de COVID-19.
En Florida, algunos detenidos dijeron en una queja presentada por grupos de derechos de migrantes que se les habían negado mascarillas y guantes, incluso cuando intentaron comprarlos en el economato.
“Duermo en una litera y estoy rodeado por muchas otras literas, todas ocupadas por reclusos. No es posible estar a seis pies (1,8 metros) de los compañeros de celda”, explicó Juan Carlos Alfaro García, de 39 años, en la denuncia.
En Otay Mesa, en San Diego, un detenido de El Salvador que pidió ser identificado solo por su nombre, José, por miedo a posibles consecuencias, dijo que los guardas habían registrado su celda y tocaron sus pertenencias sin mascarilla ni guantes.
“Ellos pusieron el virus aquí”, afirmó José. “La única forma en la que podemos contraer el virus es porque ellos lo trajeron”.
Elsy, que solicita asilo porque dijo que en El Salvador estaba perseguida por su orientación sexual, sigue sin tener una mascarilla distribuida por el centro. Mientras, contó que un guarda la amenazó con reportarla por escrito a ella y otras compañeras por romper una camiseta para taparse el rostro.
“El miedo a todo esto me hace pensar que no saldremos de aquí vivas, sino muertas”, señaló.
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