La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas inició una carpeta de investigación por la posible ejecución extrajudicial de ocho personas —cinco hombres y tres mujeres— en Nuevo Laredo, ocurrida el pasado 5 de septiembre supuestamente a manos de elementos de la policía estatal.
El director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, dijo que —de acuerdo con los testimonios que recopilaron— los policías involucrados sacaron a la fuerza a estas personas de sus casas y las vistieron con uniformes militares, para después asesinarlas y realizar el montaje de un enfrentamiento.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo a su vez este miércoles que el caso es “gravísimo” y “va en contra de la política de defensa de derechos humanos que ha planteado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Encinas explicó que el gobierno federal colaborará con el gobierno del estado y dijo que, en caso de ser necesario, planteará la posible atracción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que, tras recibir una denuncia, su personal ya investiga el caso.
Como su primera acción, la CNDH emitió medidas cautelares a las secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Gobierno de Tamaulipas para salvaguardar la integridad de las personas que han dado testimonio de estos hechos.
Lo dicho por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo difiere de la versión oficial, según la cual el pasado 5 de septiembre tuvo lugar un tiroteo entre policías estatales y supuestos narcotraficantes, quienes se dice circulaban en una camioneta blindada con armas largas y vestidos con uniformes militares similares a los que usa la Marina.
El parte oficial daba cuenta de que policías y delincuentes intercambiaron disparos y un supuesto sicario murió en el interior de la camioneta, mientras el resto se refugió en el interior de un domicilio. El resto de los presuntos criminales murió en la casa, según el reporte de la procuraduría.
El enfrentamiento ocurrió después de que militares y efectivos de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas reforzaron la vigilancia en las estaciones de gasolina, debido a reportes de que los operadores estaban siendo amenazados para no surtirle combustible a patrullas de las fuerzas de seguridad.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo asegura que las imágenes de los cinco hombres y las tres mujeres fallecidos, vestidos con uniforme estilo militar pero con chalecos del cártel, y difundidas por el gobierno estatal, fueron “un auténtico montaje”.
Raymundo Ramos dijo que sus afirmaciones se basan en distintas pruebas, entre ellas, el testimonio de una mujer llamada Kassandra, hija de una de las personas que supuestamente fueron asesinadas, Severiano Treviño Hernández.
Además de este testimonio, cuentan con el de varias personas que refieren que “sus familiares también habían sido sacados de sus domicilios”, en una calle a cinco minutos de distancia.
Ramos dijo que los familiares denunciaron que no hubo balacera ni persecución. “Todo apunta a que a esos hombres y mujeres los metieron en un domicilio y los fueron matando uno por uno con un tiro de gracia”, señaló.
“Las casas de los vecinos no tienen impactos de bala, como sucede en estos enfrentamientos”, dijo.
La organización aseguró contar con varios videos grabados por las cámaras de seguridad de los domicilios del vecindario, en los cuales se ve el vehículo en el que supuestamente viajaban las personas que luego fueron abatidas, arrastrado por una grúa antes de estos hechos.
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