Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las políticas migratorias aplicadas, el gobierno de México cuestionó que el organismo internacional omitiera su preocupación por las redes de tráfico de personas que afectan a los migrantes.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México minimizó los señalamientos de la CIDH y afirmó que es bajo el mismo interés de los derechos de los migrantes que conduce su política migratoria y promueve un esfuerzo inédito para impulsar el desarrollo regional.
También afirmó que una de las prioridades del gobierno de México en materia migratoria es el desmantelamiento de dichas redes de tráfico de personas, a pesar de que el organismo refirió que varios defensores de derechos humanos han sido acusados de este delito por brindar asistencia.
“Es de llamar la atención que la CIDH no haga pública su preocupación o condena a las redes internacionales de tráfico de personas, que realizan un negocio multimillonario a expensas de la seguridad e integridad de personas migrantes”, afirmó.
En un comunicado, la cancillería reafirmó el compromiso de México con el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes, además de reconocer que su atención requiere una acción coordinada para la promoción de oportunidades y el desarrollo en las comunidades de origen.
“En materia migratoria, México se desempeña responsablemente y de manera alineada con el pacto global para una migración segura, ordenada y regular del cual hemos sido fuertes promotores”, afirmó la cancillería.
Respecto a la actuación del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, la SRE garantizó que su actuar se realiza en apego a la normatividad y los elementos actúan bajo protocolos de protección a los derechos humanos y bajo el acompañamiento de organismos internacionales.
No obstante, la SRE reconoció que la capacidad instalada para brindar atención a los migrantes, en especial a los niños y adolescentes, se han visto rebasadas por el aumento en los flujos de personas; por lo que recientemente se aprobó un proyecto de inversión de 60 millones de pesos para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, así como de los albergues.
“Con todas estas políticas públicas y con su liderazgo internacional, México demuestra su compromiso por una migración ordenada, legal, segura y con respeto a los derechos humanos y su compromiso, en los hechos, para hacer de la migración internacional una opción y no una necesidad”, concluyó.
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