Al no brindar la debida protección, ni seguridad jurídica, a una defensora de derechos humanos que fue asesinada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por las faltas atribuidas a siete servidores públicos de la entidad.
En la recomendación 50/2018, la CNDH destaca que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPT), y de la Procuraduría General de Justicia (PGJT) estatales asignados para la protección de la defensora, reportaron haber realizado rondines de vigilancia en el domicilio de la víctima cuando no fue así, de acuerdo con sus familiares y amigos.
“No contemplaron sus actividades y la importancia de las mismas, como eran las búsquedas de personas desaparecidas y el seguimiento que daba a las investigaciones ministeriales y procesos judiciales relacionados con desapariciones”, señala la CNDH.
Ambas dependencias brindaban protección a la defensora debido a una fuga de reos del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas (CEDES Victoria), en la que la SSPT difundió que había participado un procesado por la desaparición y muerte de la hija de la defensora, sin que hasta el momento se tenga certeza de ello.
“Tampoco consideraron el riesgo real y predecible en que estaba, al no prevenir que sus posibles agresores pertenecieran a la delincuencia organizada; además, las medidas no fueron modificadas cuando la defensora reclamó que no había tenido respuesta de las autoridades ante un incidente de seguridad”, refiriere la CNDH.
Ante estos hechos, la CNDH recomendó a Cabeza de Vaca la reparación del daño a los familiares de la víctima; colaborar en la que queja que el organismo promoverá contra los siete servidores públicos involucrados y continuar la investigación por el homicidio de la defensora.
Del mismo modo recomendó a la PGJ y a la SSP evaluar el grado de capacitación de sus elementos en cuanto a medidas de protección para personas en riesgo y protocolo para tal fin.
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