La asociación Justicia Tamaulipas presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por delitos de lesa humanidad.
Geovanni Francesco Barrios Moreno, presidente del organismo ciudadano radicado en la frontera de Tamaulipas acudió personalmente a la sede de la corte internacional en Holanda, donde canalizó la denuncia por los cientos de desapariciones forzadas durante los 12 años de gestión de ambos exmandatarios, y se entrevistó con Fatou Bensouda, fiscal de Información y Unidad de Evidencia.
Barrios Moreno, quien representa a casi 500 familias en Justicia Tamaulipas, explicó que llevó a La Haya 450 pruebas recabadas principalmente por el gobierno de Estados Unidos, que reclama a Yarrington y Hernández por nexos con la delincuencia organizada, causas que los tienen en prisión.
El activista, quien imparte la materia de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mencionó que México es firmante del estatuto de Roma, que puede investigar crímenes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas, en este caso las ocurridas en Tamaulipas durante la administración de los exgobernadores.
En la denuncia presentada en La Haya se señala que en las gestiones de Yarrington Ruvalcaba (1999-2005) y Hernández Flores (2005-2010) existió un incremento importante de desapariciones forzadas de personas por parte de grupos delictivos, así como por oficiales de seguridad pública.
Añade: “Es importante resaltar que, en la época del mandato constitucional como gobernador (Yarrington), la mayoría de los jefes delincuenciales provenían de las fuerzas de Seguridad del Estado. Miles de familias fueron separadas de sus familiares dentro del estado de Tamaulipas”.
Argumentos similares utiliza para responsabilizar a Hernández de los mismos cargos.
En 2008, el mismo presidente de Justicia Tamaulipas sufrió la desaparición de su hijo Geovanni Francesco Barrios (entonces de 17 años) de manos de 15 sujetos armados, algunos de los cuáles eran policías municipales y estatales, y exagentes bajo el mando de Yarrington. A la fecha lo sigue buscando.
De acuerdo con la denuncia, tanto Yarrington como Hernández permitieron que fueran cometidos delitos de impacto internacional, pues además de aceptar que cientos de personas fueran privadas de la libertad, rechazaron dar información sobre la suerte de miles que fueron víctimas de ese crimen durante sus mandatos.
“La impunidad de estos graves delitos en contra de miles de personas mexicanas sería aún más grave si se permite quedar en la impunidad internacional, motivo por el cual hacemos súplica tenga a bien iniciar una investigación sobre los hechos criminales narrados en este escrito: el delito de la desaparición forzada de personas, haciendo justicia a miles de familias en el estado de Tamaulipas, México”, se lee en el texto entregado en el Tribunal Internacional.
Barrios Moreno explicó que, aunque los dos exgobernadores son procesados por varios delitos en México y Estados Unidos, no existe un juicio abierto en su contra por lesa humanidad, y por eso acudió a La Haya.
Además dijo que presentó su denuncia motivado por la enorme impunidad que prevalece en México, donde son castigados apenas 1% de los delitos a nivel nacional.
“Este tipo de delitos (desaparición forzada) nunca van a ser sancionados en territorio nacional, porque tengo un oficio por parte del gobierno mexicano que dice que no hay ninguna persona sentenciada por el delito de desaparición forzada de persona. Al no tener bases jurídicas, ni confianza en los organismos jurisdiccionales, nos vemos obligados a recurrir a instancias internacionales, que puedan sancionar estas acciones”, señaló.
Si permanecen impunes este tipo de violaciones a la ley, como las cometidas por los exgobernadores tamaulipecos, cualquier persona puede padecerlas, remarcó.
En Tamaulipas hay aproximadamente 15 mil personas desaparecidas, por lo que es inadmisible que nunca antes alguien haya levantado la voz internacionalmente por ese hecho, resaltó Barrios.
Finalmente señaló que la Corte Internacional no tiene fecha para responder sobre su petición de juicio contra Yarrington y Hernández. El primero se encuentra preso en Texas, Estados Unidos, y el segundo está en una prisión estatal de Ciudad Victoria, en espera de ser extraditado a la Unión Americana.
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